Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano asegura que la CPI puede reaccionar contrariamente a lo que Maduro espera
“El gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I”.
La advertencia la hizo Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, en relación con el comunicado emitido por la administración de Nicolás Maduro, en el cual acusa a la Fiscalía de la CPI de no “ser imparcial”, por haber mantenido contacto con las ONG defensoras de DD.HH.
“Este 28 de febrero de 2023 presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”, señala el comunicado de la cancillería de Maduro.
Para San Miguel, “con este tipo de comunicados no se fortalece el criterio de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano”.
«Por el contrario, este tipo de escritos, lo que pone en evidencia, es que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción, sobre los casos sometidos a su examen, dado que el Estado venezolano, parte de la negación de que estos han ocurrido», agrega.
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Lo que viene
Contrariamente a lo que pretende conseguir maduro, con este tipo de documentos, San Miguel sostiene que el efecto puede ser absolutamente adverso, pues la Fiscalía de la CPI se afincaría en su determinación por llegar hasta el final de este caso.
«Ante estas circunstancias, es previsible que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la continuación de la investigación a la Fiscalía de la CPI, en el caso Venezuela I, pues el Estado venezolano, no quiere y en consecuencia no puede judicializar los casos Internamente», dijo.
