El 26 de abril del 2017, una bomba lacrimógena golpeó el pecho de Juan Pablo Pernalete y lo mató. Tras cinco años de ese hecho, aún no se ha hecho justicia
Familiares, ONG y líderes opositores pidieron este martes justicia para el joven Juan Pablo Pernalete. A él lo asesinaron hace cinco años durante las protestas ocurridas en el 2017, contra Nicolás Maduro.
A través de la ONG, Provea, se supo que sus padres solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “ser escuchados”. Piden que investiguen “las ejecuciones extrajudiciales” de esos días.
Elvira Pernalete, madre del joven de 20 años, dijo en su cuenta de Twitter que, cinco años después del asesinato de su hijo, no se ha hecho justicia.
“Aún sus autores materiales continúan en libertad. No hay indicio de investigación a la cadena de mando sobre este hecho”, aseveró.
En este sentido, la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) sostuvo que “aún no hay justicia” por este asesinato.
Era un “joven estudiante universitario, deportista, y luchador social”. “Guardias nacionales le dispararon a quemarropa, perforando su pecho con una bomba lacrimógena”, recordaron.
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Lo que dijo Luisa Ortega Díaz
En mayo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó sobre las causas de la muerte de Pernalete.
Explicó que se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos. de esta forma desmintió la versión oficialista de que lo hirieron con una pistola usada para la ganadería.
A esta versión se unieron Nicolás Maduro, así como su entonces ministro de Información, Ernesto Villegas. Ambos aseguraron que la oposición era responsables por esta muerte.
Las peticiones
Al cumplirse un lustro de este hecho, el exdirigente estudiantil y comisionado de la OEA para la migración, David Smolansky, pidió “justicia para Pernalete”.
Aseguró que lo asesinaron “por instrucciones de Nicolás Maduro y los jerarcas de la dictadura”.
Entre tanto, Provea también recordó el suceso. Aseguró que sus padres han “encontrado innumerables trabas en su búsqueda de justicia”.
El pasado 3 de abril, Elvira Pernalete dijo que era “positivo” que la CPI instale una oficina en Venezuela. Pero, recalcó que lo será “siempre y cuando las víctimas sean escuchadas. Que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación”.
La última semana de marzo de 2017, el país se sacudió por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento.
Ese fue el detonante de las protestas que ocurrieron en todo el país, con un saldo de más de 120 muertos y la condena de parte del mundo hacia Maduro.
