Para los expertos en la materia, el tema de los bonos Pdvsa-2020 no solo se concierne a Venezuela y a la Asamblea Nacional, sino que detrás hay grandes intereses como los de Wall Street
En Estados Unidos, el tema de los bonos Pdvsa-2020 aún no está terminado. Esto, a pesar del fallo de un tribunal de Nueva York que señala que los papeles son “válidos y exigibles”.
Para varios especialistas en la materia, las elecciones presidenciales en EE.UU. jugarán un papel determinante en este caso.
Por un lado, el presidente encargado, Juan Guaidó, calificó la decisión como “injusta”. Argumentó que la emisión de estos bonos poniendo como colateral el 50.1% de las acciones de CITGO, “es fraudulenta”. Dijo que estas condiciones no las aprobó el Parlamento.
Por ello, en octubre de 2019 decidieron no pagar cerca de mil millones de dólares que correspondía para el momento. Luego, la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa introdujo una demanda, cuestionando la validez de los bonos.
Opinan los expertos
Para Jesús Palacios, economista, entrevistado por la Voz de América, la jueza no tomó en cuenta las leyes venezolanas. “Decidió acerca de si esos bonos cumplían con los requerimientos de la ley de Nueva York”.
Palacios afirma que “esta historia no se ha acabado”. Recordó la licencia emitida el año pasado por el Departamento del Tesoro. Esta limita la capacidad de los tenedores de bonos de tomar la garantía, en este caso, la mayoría de las acciones de CITGO.
Por su parte, Russ Dallen, socio director de Caracas Capital, también aseguró que la jueza Katherine Failla, encontró que “los bonos son legales. Aunque la Asamblea Nacional ha pasado algunas resoluciones cuestionando su legitimidad, no los invalidó”.
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“La Asamblea Nacional pasó resoluciones contra los bonos. Pero no dijeron nunca específicamente que PDVSA 2020 eran ilegales como un contrato de interés nacional”, agregó.
“Esto es un tema que en el fondo no se trata solamente de apoyar al gobierno interino de Venezuela, a (Juan) Guaidó. También Wall Street está detrás de los bonos venezolanos. Hay inversionistas de todo tipo y grandes fondos institucionales detrás de este bono, que también presionan”, señala.
Por su parte, Giulio Cellini Ramos, profesor de derecho internacional, concuerda con Palacios. Señala que con la victoria del exvicepresidente Joe Biden el panorama quizás no es “tan claro”.
Sin embargo, destaca que el reconocimiento a Guaidó “no está en discusión” . Considera que “no va haber un cambio con respecto a Guaidó. O por lo menos el reconocimiento a las instituciones legítimas, como es la Asamblea Nacional”.
“No lo veo como una pérdida para Guaidó, sino más bien una pérdida para el país”, indica Cellini.
¿Qué ocurre ahora?
Palacios asegura que este proceso resultó “costoso”, no solo por los gastos legales, sino también por la imagen que se da con los inversionistas, decidiendo proceder a un juicio en vez de buscar reestructuración integral de la deuda.
El economista indica que, a pesar de ello, “cualquier administración que cuenta con el apoyo férreo de Estados Unidos, las naciones occidentales, al final va a tener cercanía con el mercado”.
“Que al principio los costos de financiamiento sean altos, es decir, así tengamos que pagar cupones elevados para que eso se iguale con el riesgo que están asumiendo los inversionistas, es probable que sí, pero los mercados no van a estar cerrados por esto qué pasó”, agregó.
Aún queda por hacer sobre los bonos
Espera que todavía se pueda llegar a un acuerdo. Sin embargo, recordó que también hay empresas, como ConocoPhillips y Cristallex, que tienen demandas abiertas en busca de los activos venezolanos fuera del país.
Mientras tanto, Cellini apunta que “sería útil” que las negociaciones con los bonistas se produzcan.
“Todos los esfuerzos que se puedan hacer para salvaguardar los activos de la nación han de realizarse, sobretodo con estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico”, indica.
Sobre este tema, en su comunicado, el gobierno interino reitera su intención de cumplir con las obligaciones del Estado venezolano “legítimamente contraídas con aval de la Asamblea Nacional”.
Sin embargo, apuntan que para ello es necesario “una evaluación y reestructuración organizada de deuda u obligaciones contraídas, conjuntamente con las contrapartes, lo cual será posible tras una transición democrática”.
