Julio César Pineda es el reflejo de las historias de los presos venezolanos que batallan con el hacinamiento, el retardo procesal y la indolencia de los funcionarios policiales
Para los reclusos venezolanos, los calabozos policiales del país son una verdadera pesadilla, y así lo reflejó Julio Cesar Pineda Flores, (47), quien prefirió acabar con su vida antes de regresar a un centro de reclusión.
La familia de Julio Cesar relató al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los tratos recibidos por parte de funcionarios y otros reos lo indujeron a quitarse la vida, porque no quería regresar.
Este suceso ocurrió a la 1 de la tarde del 2 de febrero en las instalaciones del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, Lara, cuando el privado de libertad se lanzó del 4to piso de este centro de salud.
“Yo no me quiero morir en los calabozos, allá me van a matar. No me dejes regresar”, fue lo que conversó Julio Cesar con sus familiares horas antes de tomar la fatídica decisión.
Este hombre era un detenido del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la subdelegación de Carora, ubicado en el municipio Torres, de la región larense. Estaba privado de su libertad desde el mes de octubre del año pasado.
Problemas de salud
Pineda era hipertenso y diabético insulinodependiente. Cuando fue detenido, lo evaluó una médico forense que supuestamente pidió a los familiares 300 dólares para darle un informe y así conseguir un arresto domiciliario. Como la familia no pagó, el informe fue negado.
“Por esta misma doctora mi hermano no era atendido en el Hospital de Carora, por lo que se debía llevar a diario en la mañana y en la noche a administrar su insulina en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Como era puesta a deshoras, se descompuso y fue una de sus primeras hospitalizaciones, tras esto ordenaron llevarlo a las 8am y 8pm”, explicó el hermano de Julio César a OVP.
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Problemas con otros reclusos
A su vez manifestó que Julio César, quien estaba imputado por un delito contra la mujer, no era aceptado en los calabozos por los reclusos y cuando lo mantenían allí los otros presos lo obligaban a dormir en el baño y parado. Esta situación hacía que la presión arterial se elevara.
Los familiares del privado de libertad manifestaron que la solución que consiguieron los funcionarios del CICPC fue dejarlo en un pasillo. Esto no fue gratis, para mantenerlo allí los familiares debieron cancelar 200 dólares.
Este recluso también padeció una neumonía a consecuencia del COVID-19, pero su diagnóstico fue completamente descartado al ser evaluado por un neumonólogo privado porque en el CDI no había especialista.
Medida humanitaria denegada
Aunado a esto, los familiares intentaron solicitar una medida humanitaria, pero la misma fue negada en al menos dos oportunidades.
Los familiares de Julio Cesar también denunciaron al equipo de OVP que en lo que va 2023 los funcionarios ya pidieron más dinero para mantenerlo en el pasillo.
En esta oportunidad el pago requerido era de 300 dólares, pero este dinero no fue cancelado, por lo que el detenido fue regresado a los calabozos con al menos 17 presos más.
EL 16 de enero el recluso presentó un fuerte dolor en el pecho que se le extendía al brazo y la pierna, como producto de la tortura a la que estaba siendo sometido. Tras hacerle unos exámenes indicaron que era una angina de pecho y su tensión se manejó con unos valores de 240-110.
Desde ese día hasta el 31 de enero se mantuvo en el Hospital Pastor Oropeza de Carora, y mientras estaban allí los funcionarios le recalcaban “que lo de él era una mentira, que no tenía nada y que era psicológico. Además le decían que lo iban a regresar al calabozo”.
Así lo relatan los familiares de Julio César, quienes aseguran que la presión fue tanta que nuevamente los valores de tensión y azúcar se subieron, por lo que debió ser referido al Hospital Central de Barquisimeto.
Para el traslado al principal centro asistencial de la ciudad le pedían a la familia que fuera la que se encargara de pagar la ambulancia. Tras algunas diligencias con la juez lograron el traslado.
El privado de libertad estaba en condición de procesado, su última audiencia preliminar fue diferida y precisamente en ella esperaban una libertad porque la presunta víctima nunca apareció durante todo el proceso judicial.
Con la muerte de Julio Cesar dos niñas de 15 y 4 años de edad quedaron huérfanas.
