El pasado 13 de abril Nicolás Maduro ordenó reestructurar la Policía Nacional Bolivariana, pero Marino Alvarado y Luis Izquiel, expertos en materia de DD.HH, creen que solo se trata de una reforma policial que no garantiza que estos funcionarios dejen de violar los DD.HH.
En abril, Nicolás Maduro ordenó, por decreto, la reforma policial, hecho que para los expertos está alejado de una intención de enmienda. Tanto Luis Izquiel como Marino Alvarado, abogado penalista y defensor de los DD.HH, respectivamente, coinciden en que el propósito de la reforma es “lavarle la cara” a Maduro. Todo, ante las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que cometen los cuerpos de seguridad del Estado.
Básicamente, el decreto dice que la reforma es para que la Policía Nacional Bolivariana vuelva a ser “eminentemente comunitaria y preventiva”. Además de tener “proximidad, dar protección y tener autoridad para garantizar la seguridad y la paz del pueblo”. Y finalmente para “contribuir con los fines del Estado en el marco de los parámetros del respeto a los derechos humanos”.
En entrevista para Tal Cual, Izquiel sostuvo que esta supuesta transformación de la PNB surge tras la ola de denuncias de violación de derechos humanos. “Busca enviar una señal a la Corte Penal Internacional (CPI) de que acá se están corrigiendo los errores que hubiesen podido haber cometido las FAES”. Y agrega que “no van a suceder porque el organismo va a ser reestructurado”.
Entre tanto, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, considera que aunque la reforma “busca aparentar que hay esfuerzo por parte del gobierno de cambiar prácticas de ejecuciones. Pero desde que se dictó el decreto la PNB sigue matando personas”.
Alvarado adelantó que, al parecer, se estarían planteando disolver las Fuerzas de Acciones Especiales. Todo para acatar las recomendaciones de Michele Bachelet.
No obstante, dice que habría que cumplir una condición para que esta reforma no sea “un maquillaje, sino un cambio significativo”. Al activista cree que habría que comenzar “por poner a la orden de la justicia a los responsables de miles de ejecuciones . No únicamente cambiar el nombre y uniforme, y dejar a los mismos funcionarios. De ser así, la población seguirá sufriendo la violencia policial”, alertó.
El coordinador de Provea recordó que desde enero se intentaba “cambiar de nombre” a las Faes. Al respecto, alertó que esta “reestructuración no parte de investigar las miles de denuncias de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones y torturas”. Dijo que si no empieza por investigar y denunciar “la cadena de mando, es una burla”.
“La PNB tiene un prontuario de violaciones de derechos humanos peor que la extinta Policía Metropolitana. Además una reestructuración encabezada con filosofía militar y mandos militares es ya contraria a la Constitución”, aseveró.
En este punto también coincide Izquiel. Asegura que cambiar de nombre a las FAEs es un “maquillaje digno del Miss Venezuela. Al fin y al cabo seguirá haciendo lo mismo si no hay una estructuración profunda y verdadera dentro de ese organismo”.
Por ello, Izquiel desestima que estos recursos de última hora causen efecto en la Corte Penal Internacional. “Este organismo está enfocado en la actuación del año 2017, en la falta de sanciones a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. Y finalmente en que en el país no hay justicia porque las instituciones están en manos del poder.
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Encargada a militares
Otro punto que los especialistas critican de esta reforma es que de la misma se van a encargar los militares.
Izquiel y Alvarado coinciden en que esto es una desviación del inicio del nuevo modelo policial. Sostienen que va en contra de la Conarepol que es un espacio plural, académico, diverso e interinstitucional que trabajó para la formulación de un modelo policial.
Izquiel enfatiza que “con Maduro lo que se ha hecho es profundizar el carácter militar de los cuerpos de policías en Venezuela”. Mientras que Alvarado dice que “nada más alejado de ese proyecto que una filosofía militar”.
“Lo que se debería transformar allí es quitar el militarismo y reivindicar el carácter civil de la policía”, dijo Izquiel.
Pero, dudan que esto ocurra porque la reforma está a cargo de la ministra del interior Carmen Meléndez y de otros dos funcionarios. Todo tienen formación militar.
Y sobre lo que se debe reformar, Alvarado lo resumen así: “se debe acabar con la práctica de perpetrar graves violaciones a los derechos humanos. Si no se hace, poco bueno se puede esperar al respecto”.
