El Fiscal Karim Khan participa en la 21 asamblea de los Estados Partes de la Corte, donde también se adelantan diligencias sobre la oficina que la CPI debe abrir en Venezuela
En el marco de la 21 Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), le llamaron la atención al gobierno de Venezuela por la deuda acumulada con la institución.
La información se conoció a través de la ONG Provea, en su cuenta de Twitter.
“En Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional llaman la atención al gobierno de Venezuela por la morosidad en el pago de cuotas obligatorias”, indicó la ONG.
Agrega que la Corte especificó que se condiciona al Estado venezolano “a un programa de pagos”, por el que “excepcionalmente se le permitirá, en esta asamblea, derecho a votar”.
Hasta el 2021 Venezuela adeudaba 12.816.996 euros a la CPI, precisó Provea. El último pago parcial fue en 2018. “Un primer paso para mostrar que tiene voluntad de cumplir con el Memorándum de Entendimiento es cubrir la deuda acumulada”, destacó la ONG.
A causa de esa deuda Venezuela perdió su derecho a voto como Estado parte en la Asamblea anual de la Corte.
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El caso Venezuela
En esta asamblea, el fiscal de la CPI, Karim Khan presenta un breve informe ante los Estados Partes, donde enfatizó “los esfuerzos por dinamizar las acciones de la Fiscalía para avanzar en las investigaciones”,”, además de resalta “la prioridad de investigar casos relacionados con niños y niñas”.
En este encuentro participan activistas de derechos humanos de Venezuela, junto a otras organizaciones de la sociedad civil de distintos continentes”.
En relación con situación Venezuela I, el Fiscal señala que la oficina que se instalará en el terreno está siendo objeto de discusiones logísticas con las autoridades nacionales, algunas ya se encuentran avanzadas.
Afirmó “la cooperación del Estado Venezolano debe continuar, aun cuando se esté a la espera de la determinación de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la admisibilidad de la investigación”.
