La mayoría de las naciones, según Transparencia Internacional, se ha estancado en la lucha contra la corrupción
La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos. Así concluye Transparencia Internacional (TI), que alertó del deterioro especial en Centroamérica.
La ONG publicó este martes su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021, donde Venezuela y Nicaragua aparecen como las naciones más corruptas de América Latina.
TI advierte de esa evolución en Centroamérica, donde avanza el autoritarismo. Pero también de los datos de la última década en democracias consolidadas como Chile.
Prácticamente, ningún país puede presumir de mejoras importantes en estos últimos diez años en los que se lleva publicando el índice. La gran mayoría apenas han registrado avances o incluso han retrocedido en la clasificación que TI elabora cada año.
A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente sobre un máximo de 100. Mientras que Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de la región según ese índice, reseñado por Efe.
Del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina y Brasil (38). Le siguen Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23).
El informe repasa también la evolución en estos últimos diez años de clasificaciones. Paraguay es el único que ha mejorado significativamente su puntuación. Mientras que Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela han caído considerablemente.
Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina de TI, explicó a Efe que este estancamiento no solo “ha socavado la democracia y los derechos humanos”. También ha reincidido en los índices de pobreza y desigualdad y afectado a la lucha contra la pandemia.
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Democracia y corrupción
La ONG lamenta que la corrupción sigue debilitando la democracia y el respeto de los derechos humanos. Todo, a pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional de actuar contra este fenómeno.
Torchiaro reconoce que la región cuenta con una buena legislación contra la corrupción. Dice que los gobiernos han asumido compromisos, pero que “faltan acciones firmes para cumplirlos”.
Para ello, opina la analista, “hay que dotar a los organismos públicos encargados de implementar estas leyes de los recursos necesarios económicos y técnicos. También hay que sumarle voluntad política”.
Además, Torchiaro incide en la importancia de garantizar la separación de poderes, en una región donde “el sistema de pesos y contrapesos es muy débil”.
TI denuncia que en 2021 se produjeron en América Latina graves ataques contra la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Derechos civiles y políticos que califica de “fundamentales para que haya democracias sanas y sin corrupción”.
