El riesgo de que revele movimientos financieros y nombres de personas vinculadas a lavado de dinero ha puesto a mover a la defensa del empresario preso en Cabo Verde todos los hilos posible para evitar su entrega a la justicia de EE.UU.
En Cabo Verde daban por hecho que la defensa del barranquillero Álex Saab no iba a impugnar la decisión del Ejecutivo de ese país de autorizar su extradición a Estados Unidos.
Versiones de despidos de parte de su equipo legal y del inicio de una colaboración con la DEA daban a entender que estaba dispuesto a someterse a la justicia de ese país, sin oponer mayor resistencia.
Sin embargo, a última hora, uno de sus abogados internacionales, Rutsel Martha, radicó un documento de 60 páginas en el que impugna la decisión del Ministerio de Justicia de Cabo Verde de entregarlo a Estados Unidos.
Fuentes federales señalan que es evidente que se trata de una maniobra dilatoria puesto que se le han negado tres recursos de libertad (incluidos dos habeas corpus).
La gran pregunta es: ¿qué buscan Saab y el régimen de Maduro con ese oxígeno legal, que se podría extender por varias semanas?
La colaboración
Una de las respuestas es que el exjuez español Baltasar Garzón obtenga una medida cautelar en el tribunal de La Haya, a donde piensan llevar el caso Saab, publicó el diario El Tiempo.
El argumento es el mismo: que se trata de un agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela, que fue capturado en misión oficial, mientras conseguía alimentos y medicina para la ciudadanía, de cara a la pandemia.
La tesis de que se le violó el fuero y de que se movía con pasaporte diplomático –lo que le daba algunas garantías– sigue siendo la carta para alegar que la captura (el pasado 12 de junio) fue ilegal.
También se especula que el barranquillero, de 48 años, está pactando con el régimen cuál sería su colaboración con Estados Unidos, a cambio de una rebaja de su condena por lavado de más de 350 millones de dólares.
El caso concreto por el que se le procesa es el de corrupción en torno a los contratos de las casas subsidiadas que levantó en Venezuela.
Y si entrega información únicamente sobre ese tema, bajaría la presión del régimen sobre él y sobre su familia, hoy en Caracas.
Lo concreto es que la apelación puede demorar al menos tres semanas y aún le queda a su defensa un recurso de amparo ante el constitucional.
