Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, directivos de Provea, le recomendaron a Petro que se asesore bien, porque la Constitución venezolana señala expresamente que los violadores de DD.HH. no deben quedar impunes
La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentada en Francia, en el marco del Foro de París y que significaría una amnistía general, como parte de las soluciones a los problemas de Venezuela, a consecuencia del diálogo entre el oficialismo y la oposición, encendió las alarmas de los activistas por los derechos humanos.
Y es que para los integrantes de Provea, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, “la amnistía no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, no lo permite la Constitución”.
A través de sus cuentas en Twitter, ambos directivos reaccionaron aclarando que la amnistía está bien, pero para los presos políticos que hay en Venezuela y que actualmente pasan de 240.
Aunque Petro no ofreció mayores detalles de sus planteamientos, Alvarado expresó que esa amnistía tampoco se permite “en la jurisprudencia del sistema internacional de protección de derechos humanos”, pues “sería una afrenta a las víctimas y en nada favorecería la estabilidad y el retorno a la democracia”.
Insistió en que sería necesario “liberar presos políticos y que los perseguidos por gobierno Maduro regresen”.
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Que se asesore mejor
Aunque saludó el interés de Petro por la situación de Venezuela, Alvarado le recomendó que “debe asesorarse bien en materia de derechos humanos y transiciones sin impunidad”.
Y tanto es así que Petro no sabe que la Carta Magna venezolana establece expresamente lo que pasa con los violadores de DD.HH.
De su lado, Uzcátegui dijo: “frente a la tentación de ‘amnistiar’ violadores de DD.HH., seguiremos apostando a la justicia internacional de los organismos de protección, donde no hay posibilidades de darle espacio a la impunidad”.
En este sentido, el artículo 29 de la Constitución establece que las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Por algo, el proceso que la Corte Penal Internacional (CPI) lleva sobre Venezuela es precisamente contra violadores de DD.HH. y crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios de organismos de seguridad del Estado, quienes no podrían ser amnistiados, de aplicarse la idea de Petro.
En este contexto, Marino Alvarado subrayó que “juzgar los criminales contribuye a la estabilidad del país”.
