La ONG pide a la Defensoría del Pueblo que intervenga para evitar violaciones a los DD.HH.
El operativo efectuado este sábado en La Vega se hizo con violencia y también con detenciones arbitrarias, por parte de los organismos de seguridad de Nicolás Maduro.
La denuncia la hizo la ONG Provea. “Empiezan a llegar denuncias de allanamientos sin orden judicial y violentos de viviendas, así como detención de jóvenes que transitaban por las calles en La Vega», publicó en Twitter.
Hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a su titular, para que intervenga. “Debe actuar y evitar graves violaciones a los derechos humanos que se pudiesen producir”, alertó.
No es la primera vez que Provea alerta sobre las violaciones de DD.HH. en este tipo de procedimientos. Las ONG defensora de los DD.HH. y organismos como la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, han alertado sobre estos operativos y la violación de los derechos fundamentales.
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Desde hace semanas, en La Vega, El Paraíso y la Cota 905, se vienen presentando enfrentamientos entre bandas rivales. También con funcionarios de los organismos de seguridad.
Y es así como este sábado, la ministra del Interior de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, anunció el despliegue de las FAES en el sector.
“¡El pueblo noble de La Vega merece paz! Nuestros organismos de seguridad ciudadana se han desplegado este 12 de junio como parte del plan de liberación de los grupos irregulares que han venido afectando a esta hermosa comunidad», tuiteó Meléndez.
Dijo que este procedimiento tiene la finalidad de la «liberación y protección del pueblo».
Se trata de unos funcionarios que tomaron los puntos de observación de las bandas de delincuentes en la zona, principalmente en la parte alta de La Vega y la Cota 905.
En un operativo similar, efectuado en enero de este año, la actuación de las FAES derivó en la masacre de unas 14 personas.
A principios de este mes, la dirigente opositora y excomisaria, Yajaira Forero, hizo un balance de la actuación de este cuerpo. Dijo que entre enero y marzo de este año hubo 472 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de varios organismos, principalmente de las FAES.
