Marino Alvarado, dirigente de la ONG, indica que la creación de este órgano de seguridad no ha sido transparente
Las tareas emprendidas por la Policía Anticorrupción de la administración de Nicolás Maduro han sido vistas con buen ojo por algunos, pero también prenden las alarmas de otros.
Marino Alvarado, director de la Organización No Gubernamental, Provea, manifiesta que este nuevo órgano de seguridad podría ser utilizado para perseguir y detener a la disidencia política y los grupos que sean “incómodos” para Nicolás Maduro y su séquito.
Durante una entrevista con el medio digital Crónica Uno, el defensor de los derechos humanos explica que la creación de la Policía Anticorrupción no ha estado dentro de los parámetros de la claridad.
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Dice que la Policía Anticorrupción no tiene una sede identificada. Mucho menos sus autoridades y su estructura. Considera que esto se presta para “graves violaciones de los derechos humanos”.
Explica que este cuerpo obedece directamente al Ejecutivo Nacional. “No le basta al Gobierno ya tener al Sebin, al Dgcim y la PNB. Ahora crearon este organismo supuestamente especializado contra la corrupción”.
Para el defensor de derechos humanos, cualquier persona opositora o que piense diferente a la administración de Nicolás Maduro, podría ser considerado un preso común y no un preso político o un “preso de conciencia”.
