“El Estado venezolano sigue siendo el principal victimario”
En enero de este año se incrementaron los ataques a la libertad de expresión de parte de funcionarios y organismos del Estado y las protestas ciudadanas están en la mira.
Es la conclusión de la ONG Espacio Público que, en el primer mes del año, documentó “16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general”. Este es un aumento de “166 % que que en el mes anterior”.
La organización destaca que “en el último mes registramos 15 hostigamientos entre las 34 violaciones: 11 fueron de orden judicial y cuatro verbales. La intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura”.
Lea también: ¡DEMANDAN AUMENTO SALARIAL! Se registraron 178 protestas laborales en enero (Video)
Contra periodistas
Asimismo, la ONG señala que “15 periodistas resultaron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, bien sea por ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto con cinco trabajadores públicos que atacaron u hostigaron por protestar o criticar la gestión gubernamental. Otros cuatro trabajadores los detuvieron en enero por expresarse libremente”.
Igualmente, alerta que “el Estado venezolano sigue siendo el principal victimario. Al menos 14 de los 19 victimarios que registramos se relacionan directamente con el Estado: siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad”.
Protestas en la mira
Enero inició con protestas masivas de trabajadores del sector público, lideradas por el gremio de educación.
En varias regiones del país hubo manifestaciones por bajos salarios y mejoras laborales; en respuesta, grupos de civiles afectos al partido oficialista les amenazaron. Uno de sus voceros declaró que solo miran y monitorean, pero que “a la hora de salir” no quieren “chilladera”.
Cuatro oficiales de la Policía del estado Bolívar (PEB) terminaron detenidos y acusados de “incitación al odio” luego de que llamaran a otros funcionarios a paro policial estadal para exigir mejores salarios y dotaciones, a través de publicaciones en redes sociales.
Las víctimas fueron Jean Carlos Sagaray (comisionado jefe), Rhommer Ramón Aponte (supervisor jefe), Jorge Luis Pérez Ugas (oficial agregado) y José Alexander Muñoz (oficial agregado).
El mismo director general de la PEB los puso a la orden del Ministerio Público y los presentaron por el delito de “incitación al odio”, contemplado en la ilegal normativa “contra el odio” que emitió la ilegítima asamblea nacional constituyente.
El 13 de enero, a la profesora Carmen Sulay Rojas la destituyeron de su cargo como directora de un liceo público luego de participar en una marcha de docentes en Pampatar, estado Nueva Esparta, y tras criticar públicamente la gestión de Nicolás Maduro.
En un video que se hizo viral en redes sociales, la docente se dirigió directamente a Maduro y reclamó la precariedad económica en la que vive el gremio educativo. El hecho ocurrió apenas cuatro días después de que empezaran las manifestaciones de los/as educadores/as en todo el país.
En línea con las amenazas difundidas días atrás, grupos de civiles armados no identificados agredieron el 19 de enero a trabajadores activos, jubilados y pensionados que protestaban frente a la Dirección de Salud del Distrito Capital, en la avenida San Martín de Caracas.
El coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados, Luis Cano, denunció que los civiles armados estaban amedrentando y mostrando sus armas a los manifestantes, quienes pedían mejoras salariales y laborales.
Funcionarios de seguridad del Estado también tuvieron parte en las agresiones y violaciones a la libertad de expresión de trabajadores y sindicalistas en el mes de enero, con al menos tres casos de hostigamiento entre el 20 y el 22 de ese mes.
El día 20, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) asediaron la residencia del presidente del Colegio de Enfermería del estado Carabobo, Julio García; el 22, la Central Sindical Únete denunció que el Sebin hostigó cerca de su casa al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, Starling Bracho, y durante ese fin de semana también hubo presencia de funcionarios cerca de la casa de una dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Apure.
Impiden el trabajo de periodistas
El 12 de enero, funcionarios militares y policiales del Estado impidieron el paso a una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), en Puerto Ordaz, a Pableysa Ostos, periodista y corresponsal en el estado Bolivar del medio La Patilla, Carlos Suniaga, corresponsal de El Pitazo, VPITV y Unión Radio.
Los reporteros, luego de sortear al menos dos alcabalas previas, fueron obligados por la Policía del municipio Caroní a desviarse al impedirles el paso. En una quinta alcabala, luego de negociar con los efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana los dejó avanzar, pero en la última alcabala los funcionarios de la GNB les indicaron que la orden era no dejar pasar a nadie.
En San Juan de los Morros, estado Guárico, una funcionaria de seguridad del hospital Israel Banuárez Balza intentó impedir el trabajo de periodistas de Radio Fe y Alegría, La Patilla, Unión Radio, El Nacionalista y Venevisión que cubrían una protesta de trabajadores de la salud en el recinto, el 17 de enero.
El corresponsal de La Patilla en Guárico, Pedro Izzo, y la corresponsal de Radio Fe y Alegría, Xiomara López, explicaron que el personal de seguridad del hospital abordó a los reporteros presentes luego de que tomaran declaraciones de voceros y trabajadores que explicaban la situación del gremio.
“(…) Nos pidió que la acompañáramos a un cuarto de seguridad donde nos iban a tomar nuestros datos, situación que ha ocurrido en otros momentos en este centro hospitalario, pero esta vez nos negamos”, dijo Izzo.
Siguen los hostigamientos
La periodista Carola Briceño, su hija y su yerno fueron hostigados en redes sociales, por cuentas anónimas vinculadas con el oficialismo, y acusados de “extorsionadores” desde el 11 de enero, debido a una serie de trabajos periodísticos de investigación publicados en El Nacional.
Las cuentas anónimas buscaron vincular a la periodista, sin prueba alguna, con “redes de extorsión” lideradas por Briceño, su hija y su yerno, a través de una empresa de marketing que maneja la pareja.
