A pesar de las quejas de algunos, la Comisión Nacional de Primarias y el CNE marchan de la mano de cara a las elecciones de la oposición
El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó una comisión técnica para determinar el alcance de su eventual asistencia en una elección primaria, de acuerdo con la solicitud hecha por la Comisión Nacional de Primarias de la alianza de oposición, Plataforma Unitaria.
Esta comisión estará presidida por la máxima autoridad del CNE, Pedro Calzadilla, e integrada por los rectores Roberto Picón, Carlos Quintero y Leonel Párica, anunció el ente rector electoral en una nota de prensa.
La decisión fue acordada este jueves por las autoridades electorales, quienes deberán reunirse en breve con representantes de la instancia partidista opositora.
Recordamos que el pasado 1 de febrero la Comisión Nacional de Primarias envió ina comunicación al CNE en la que ratificó un conjunto de solicitudes, entre ellas la conformación de un equipo técnico conjunto; y en diciembre los rectores recibieron a los integrantes de la comisión.
CNE en primarias: “Zamuro cuidando carne”
Por otra parte, algunos potenciales precandidatos de la oposición a las primarias son reacios a la “colaboración” del CNE en los comicios.
Sostienen que se correría el riesgo de exponer la data de la participación electoral al chavismo, lo cual podría generar hasta otra “lista de Tascón” de discriminación política. “Zamuro cuidando carne”, advierten.
Elecciones en la UCV
En el mismo ámbito electoral, la rectora Cecilia García Arocha admitió este jueves que no hay garantías de que el chavismo no saboteará las elecciones para renovar autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
“No tenemos ninguna garantía más allá de nuestra voluntad y compromiso para hacer de esta una elección libre y plural que representará la mayor expresión de democracia del país”, afirmó la profesora durante una entrevista concedida al diario El Nacional.
Vale recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió en el 2011 las elecciones en las universidades autónomas mediante una sentencia en la que se exige que la votación se produzca en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y obreros.
Los magistrados se basaron en la Ley Orgánica de Educación, en ese entonces recién promulgada (2009), contraponiéndose así a la Ley de Universidades, que establece que cada Consejo Universitario debe diseñar sus propios reglamentos.
