Jose Carlos Fonseca asegura que en su país son claras las leyes que dicen que sobre “la justicia no hay nadie”. Por ello no puede ni quiere intervenir en la decisión sobre el caso de Alex Saab
El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, aseguró que los tribunales de su país son los encargados de hacer cumplir, o no, las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el proceso Alex Saab.
En declaraciones a periodistas en Praia, Fonseca desestimó cualquier responsabilidad como Jefe de Estado, para tomar tal decisión.
Las palabras del mandatario surgen tras el pronunciamiento del Consejo de DD.HH. de la ONU que recomendó paralizar la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, hasta que el organismo estudie el caso. El empresario colombiano ya cumplió un año de detención en ese país africano.
“En un sistema como el caboverdiano, el juez está por encima de todo y de todos”, dijo, según reseña el portal de Noticias do Norte.
“Como presidente de la República, sigo este dossier. Y lo sigo, no sé si lo puedo decir a diario. Lo hago de la manera, por los medios que debo”, explicó.
“Hace unos días estuvo aquí la Procuraduría General de la República, por solicitud mía y hablé con él sobre este expediente. Y cuando hablo con la PGR trato de conocer el estado del caso y me enteré que está en un recurso de apelación que se está analizando y será resuelto por el Tribunal Constitucional”, agregó.
Por tanto, “el proceso tomó algo de tiempo, tuvo varias incidencias procesales, ya fue objeto de decisiones de la Corte de Apelaciones de Barlavento. Hubo apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia, regresó a la Apelación, hubo una nueva decisión de la Corte, volvió a la Corte Suprema”.
Dijo tener “información de que ya ha habido 6 solicitudes de Habeas Corpus. Por el momento, el proceso se encuentra en el TC, que es una jurisdicción constitucional autónoma”.
Por eso, insistió en que “la gente tiene que entender, y yo creo que todos entienden. Es decir, no hay nadie que esté vinculado al proceso que no sepa que ni el Presidente de la República, ni el Primer Ministro ni el Ministro de Justicia pueden intervenir. Tampoco suspender cualquier cosa de un proceso que se encuentre en las instancias jurisdiccionales. No puedo continuar más”, aseveró.
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“No tengo forma de intervenir”
Dijo que “como presidente de la República, supongamos, aunque yo pensara que había problemas de justicia, injusticia, legalidad o ilegalidad, no tengo forma de intervenir. No puedo. ¿Cómo intervengo? ¿Hago un decreto presidencial?”, preguntó.
Explicó que “hay un principio que incluso aprendimos en las Facultades de Derecho y que, como profesor, enseño a los estudiantes, con una formulación muy simple. Los actos de arresto o detención y liberación son actos materialmente jurisdiccionales”.
Sostiene que “esto significa, en un sistema como el nuestro, que solo un juez puede arrestar o poner en libertad. Es el único con facultades jurisdiccionales para retirar o devolver la libertad. Puede haber países donde esto sea posible. Pero no en Cabo Verde”, aseveró.
Insistió en que no se puede dejar llevar por la opinión pública ni por los que digan que él debe intervenir . “El proceso está en el Tribunal Constitucional. Hay un juez ahí para tratar el tema y ¿Qué va a hacer el Presidente? ¿Llame a la persona y dígale que sí? No tiene ningún sentido. De hecho, actuar así equivaldría a dejarme crucificar por la opinión pública y los periodistas”.
“Por el momento, el proceso se encuentra en los tribunales. Los tribunales juzgan y deciden de acuerdo con las normas vigentes en Cabo Verde. Y saben cuáles son las normativas vigentes. Quiero decir, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia que tenemos en este asunto. Sus asesores son competentes, capacitados y cuentan con todos los medios para saber si una recomendación o decisión de otro organismo es vinculante o no”, remarcó.
Enfatizó en que así tenga una opinión al respecto, no puede hablar de ello, ni adelantar nada. “Puedo tener una opinión personal. No tengo ningún interés en eso. Puede que tenga una opinión, pero es inútil. La opinión que cuenta es la opinión del Tribunal Constitucional. La decisión que importa aquí es la de los tribunales. Porque, lo que decida el CT, se decide y se cumple”, afirmó.
