Investigación del Observatorio de DD. HH. revela condiciones de reclusión de 19 presas políticas en medio de torturas y alejadas de sus hijos
Desgarradores testimonio y descripciones de las condiciones de las presas políticas en Venezuela presenta el informe del Observatorio de Derechos Humanos (ONDDHH).
Analizó la manera en que 19 mujeres, opositoras y críticas a la administración de Nicolás Maduro, son sometidas en las cárceles.
Claros ejemplos de violaciones de derechos humanas. Muchas de ellas esposas, compañeras, madres y separadas cruelmente de sus hijos.
El Informe de Mujeres Presas Políticas en Venezuela, relata las 19 historias de cada una de esas detenidas.
“Hoy por ellas alzamos la voz, las queremos visibles y libres, queremos darle el apoyo colectivo que a gritos reclaman, procurando el cese de sus detenciones, y el reconocimiento de los derechos que como mujeres le asisten”, se lee.
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Los 19 casos que el Observatorio analiza
El Observatorio destaca que “la detención de familiares y su procesamiento en el curso de una investigación contra alguna persona que disienta del régimen, es una acción perversa que aplican sistemáticamente los funcionarios policiales que ocasiona muchísimo sufrimiento. Así mismo, constituye detención arbitraria y por ende violación de los derechos humanos de las detenidas”.
Emirlendris Carolina Benítez Rosales
Detenida el 5 de agosto en el estado Portuguesa junto a su esposo. Fue desaparecida y luego pareció en una audiencia donde le imputaron los delitos de homicidio calificado frustrado, terrorismo, traición a la patria, entre otros.
Estaba embarazada para el momento de su detención y sufrió un aborto. Fue sometida a brutales torturas que le dejaron secuelas. Tiene dos hijos a quienes no ha vuelto a ver.
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo
Investigadora y exdirectora de la ONG Fundanimal. Señalada de encubrir a uno de los vinculados al caso de los drones. Fue imputada por los delitos de Asociación para Delinquir, Financiamiento al Terrorismo y Encubrimiento.
“Víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios que practicaron su detención y que tenían a su cargo la custodia”, confirma el ONDDHH.
María Auxiliadora Delgado Tabosky
Está presa es por ser familia de un militar retirado. Fue imputada por el delito de Financiamiento al Terrorismo y le fue decretada la privación judicial preventiva de libertad.
Por “la inexistencia de elementos de prueba que justificara” se acordó aplicar las medidas cautelares de María Auxiliadora y su esposo y libró las boletas de excarcelación.
El 30 de septiembre 2019, los fiscales del Misterio Público solicitaron nuevamente orden de captura por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, entre otros delitos.
Hermanas Alemán
Yolimar y Andreina Alemán Castellano están presas por ser hermanas del teniente Richard Alemán.
Al teniente lo capturaron después, pero Yolimar y Andreína siguen recluidas en la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas. A Yolimar la detienen junto a su esposo Ericson Chaya; son los padres de una niña y un niño.
Marifrancys Marcano y Ana María Pernía (Operación Gedeón)
Detenidas y desaparecidas durante un mes; posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la GNB en Puerta Morocha, Los Teques, Miranda.
El 15 de mayo fueron presentadas ante el Tribunal Especial Cuarto en Funciones de Terrorismo y le decretaron medida privativa de libertad por los presuntos delitos de Traición a la Patria, Financiamiento al terrorismo y Terrorismo. Maryfrancis es madre de un niño.
Yanín Fabiana Pernía Coronel
Vinculada al caso de los drones. Ha sido víctima de brutales torturas como aislamiento, descargas eléctricas, asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada, golpeada en la cara con el puño.
Karen Hernández y Carla Da Silva (Operación Gedeón)
Vinculadas a la Operación Gedeón. Llevadas a audiencia de presentación sin permitirles nombrar defensores de confianza.
Acusadas por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación.
Ivonne Barrio
Se le vincula con el caso del “espía gringo”, un ciudadano estadounidense a quien su esposo le hizo una carrera de taxi. Está recluida en la DGCIM a orden del Tribunal Cuarto Contra el Terrorismo en Caracas, separada de su familia.
Ivonne es madre de un hijo que vive en el Zulia al cual no ha podido volver a ver.
Yelut Naspe Inistra Villavicencio
Detenida por el ataque contra la Policía del estado Aragua. Sin embargo, la misma policía indico que fue un ataque por parte de una banda delincuencial.
Un audio de Diosdado Cabello, en el que se vinculaba a Yelut Naspe con el suceso para que fuera detenida y sometida a un injusto proceso penal.
Era comerciante de servicios funerarios y activista del partido Primero Justicia. Se desconoce dónde está recluida actualmente, aunque se cree que está en el Instituto de Orientación Femenina (INOF).
“Es la presa política más antigua y también la más olvidada”, sentencia el Observatorio Nacional de DD.HH.
Las mujeres militares
Muchas acusadas de rebelión, entre ellas están:
Samaira Romero Armario
Es Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detenida por la Operación Gedeón. “Fue sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes para el momento de su captura en el estado Aragua”, revela el ONDDHH.
Diana Daniela Díaz
Tiene 21 años, es madre soltera y era sostén de familia. Para el momento de su detención estaba en periodo de lactancia de su bebé.
Es Sargento Segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, le imputan los delitos de espionaje, entre otros.
Esto, luego que un funcionario dijera que otro funcionario desertor le dijo, en una conversación telefónica, que Diana conocía de un supuesto plan, que nunca ocurrió, para sustraer unas armas en Táchira.
Le prohibieron las visitas, le quitaron todos los beneficios laborales. Fue sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Shaquira Betania Pérez Gudiño
Es Teniente de la Guardia Nacional. Fue detenida junto a otro grupo de militares y civiles en el Distribuidor Altamira, por participar en la Operación Libertad del 30 de abril de 2019.
Acusada por los delitos de rebelión y asociación para delinquir. Está recluida en la cárcel militar de Ramo Verde en espera de un juicio justo.
“Fue golpeada, maltratada física y psicológicamente, asfixiada con una bolsa plástica y talco, entre otras torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes”, dice el informe del ONDDHH.
Yusimar Elisneth Montilla Ortega
Está detenida por el Caso Gobernadora de Monagas. Ella es la Sargento Técnico Segundo del Ejército y tiene 24 años de edad. Fue señalada de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de tomar la 32° Brigada de Caribe.
Cuando fue detenida tenía 7 meses de embarazo, aun cuando el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no se puede decretar privativa de libertad de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo.
Posteriormente fue presentada en el tribunal donde le fueron imputados los delitos de rebelión y traición a la patria.
Yusimar fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, procesada y acusada por los mismos delitos por los que fue imputada, sin elementos de convicción en su contra.
Yurimar Rengel
Otra del Caso Gobernadora de Monagas. Detenida por un supuesto plan que nunca ocurrió, y presentada ante el Tribunal Tercero Militar del estado Monagas en el que se le decretó Privación de Libertad por los delitos de rebelión y traición a la patria.
“Detrás de esto hay una historia de persecución, mentira y retaliación, contenida en un informe no controlado por el tribunal de la causa. La investigación es violatoria del debido proceso, y así permanecen tras las rejas Yurimar Rengel, Yusimar Montilla y Carla Anton, solo vinculadas a un informe realizado por funcionarios de la DGCIM, sin posibilidades de defenderse, pues están sometidas a un juicio militar en el que impera la obediencia y subordinación”.
Carla Yancelis Antón Farías
También vinculada al caso de la Gobernadora de Monagas. La teniente fue detenida sin explicación, la encerraron cuatro días en un cuarto, luego fue trasladada a la sede de la DGCIM siendo sometida a tratos crueles e inhumanos.
Le negaron comida y agua, no se le permitió la visita de abogados y mucho menos contacto con sus familiares.
El caso denominado “Gobernadora de Monagas” está plagado de violaciones a los derechos humanos y de decisiones absolutamente politizadas que obstaculizan la buena marcha del proceso, destaca el Informe del Observatorio.
Lisbany Esther Aguilar López
La sargento fue presentada para su imputación y le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y ordenan su detención.
Al ingresar a ese recinto carcelario, donde aún permanece, Lisbany fue brutalmente golpeada por las otras mujeres detenidas en el lugar.
Para el Observatorio de Derechos Humanos el informe sobre la situación de 19 mujeres privadas de libertad en Venezuela es solo una parte de los múltiples casos de violaciones contra las presas políticas.
“Sabemos que hay más, resaltando la separación familiar, especialmente de los hijos, así como el sufrimiento de cada una y la perversa persecución de las familias”, asegura Theresly Malavé, directora de la oNG Justicia y Proceso Venezuela.
