Además de a Guaidó, se soloicita a la justia de Ee.UU. investigar a sus “más cercanois colaboradores”
Alejandro Terán Martínez, director de la Asociación Latinoamericana de empresarios del petróleo, a través de una carta, solicitó al Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, que abra una investigación penal por corrupción contra Juan Guaidó.
Esta investigación también imncluiría a los “más cercanos colabores” de Guaidó, entre ellos Carlos Vecchio (“embajador” en EE.UU. en el interinato), el relacionado de negocios de Treton Oil, Jesús Pérez Oropeza, miembro de la directiva de Citgo ad hoc; Carlos Jordá, Presidente Director de Citgo Petroleum Corporation y Horacio Medina de la junta de PDVSA adhoc.
La misiva fue publicada por el diario Últimas Noticias, donde, además, piden al al fiscal Garland que establezca demás responsables que considere prudentes por el manejo y malversación de los fondos a los que hace referencia la sentencia de la Corte de Delaware, la cual fue ratificada por la Suprema Corte de los Estados Unidos en fecha 8 de enero de 2024.
Se refiere al fallo de la corte en el cual señala que el interinato de Guaidó usó recursos de Citgo para sus propios intereses.
Actualmente, Juan Guaidó se encuentra precisamente en Estados Unidos, a donde huyó luego de que quiso asistir en Colombia a una cumbre donde no fue invitado.
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A continuación la carta
Merrick B. Garland FISCAL GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERRICA U.S.
Departmento de Juscia Criminal Division 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20530-0001 SU DESPACHO.
Sr Fiscal general de la República Quien subscribe Alejandro Terán Marnez Venezolano mayor de edad tular de la cedula de idendad venezolana número 8.921.451, en mi condición de afectado por las decisiones y demás acciones que contra la petrolera CITGO ponen en riesgo los intereses de la República Bolivariana de Venezuela; ante su autoridad ocurro a los fines de manifestarle una serie de hechos públicos que pudiesen estar dentro de los descritos dentro la ancorrupción act como delito.
– En fecha 8 de enero del 2024 la Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de raficar la decisión tomada por la Corte de Delaware en la cual se deja claro la malversación de fondos por caso los 20 mil millones de dólares en clara afectación de los acreedores de la petrolera, así como de los intereses generales de la nación.
En las referidas decisiones se deja claro que el llamado gobierno interino de Juan Guaido y sus más cercanos colaboradores comeeron actos que deben ser invesgado por esta oficina de juscia nacional.
– Fondos de los Estados Unidos de Norte América, así como de sus contribuyentes fueron dispendiados en ayudas y demás hechos que afectan el interés supremo de esta nación aunados de los intereses Venezolanos en este Estado.
– Inexplicablemente el expresidente Donal Trump, somedo hoy a varias invesgaciones, dispuso de este bien a un gobierno sin reconocimiento algunos, asignando fondos de este país para financiar esta ilegalidad aun hoy totalmente descabellada, cuya verdadera finalidad se desconoce.
– EL profesor FRANCISCO Rodríguez publico en el medio FINANCIAL TIME la siguiente información la cual reproduzco para su consideración: “Un tribunal de Delaware pronto iniciará una subasta para Citgo Petroleum, la sépma refinería de petróleo más grande de Estados Unidos.
Salvo un improbable acuerdo de úlmo minuto, la empresa será subastada para pagar deudas impagas de su propietario, el gobierno venezolano. Venezuela se está tambaleando por la mayor contracción económica en la historia moderna del hemisferio occidental.
Citgo, cuyas refinerías están diseñadas para procesar el petróleo venezolano, podría desempeñar un papel importante en la recuperación económica del país.
El valor de mercado de la empresa es aproximadamente una sépma parte del producto interno bruto del país y sus ganancias anuales son mayores que la candad que Venezuela gasta en importaciones de alimentos en un año.
-Dado el gran tamaño de Citgo y su potencial para ayudar a Venezuela a salir de la crisis, uno esperaría que los líderes del país hicieran todo lo posible para evitar perderla. . . ¿bien? Piensa otra vez.
Después de todo, así es la políca venezolana. En lugar de intentar detener la venta de Citgo, las fracciones polícas en suelo del país prefieren dedicar sus energías a culparse mutuamente por la pérdida inminente.
Escuche a Nicolás Maduro y oirá que la venta de Citgo es un complot apenas disimulado de polícos estadounidenses (y una servil oposición venezolana) para despojar a los acvos del país y entregárselos a intereses corporavos estadounidenses.
La oposición de Maduro dirá que la pérdida de Citgo ha sido inevitable durante años, debido a la acumulación de deudas impagables por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro. Ambas interpretaciones son incorrectas.
No hay fundamento para alegar, como afirma Maduro, que el proceso de ventas esté dirigido por la Casa Blanca para beneficiar los intereses corporavos estadounidenses.
De hecho, el juez que supervisó la venta ha reprendido varias veces al gobierno estadounidense, incluso argumentando que el Departamento del Tesoro carece de experiencia suficiente para interpretar sus propias regulaciones.
En lugar de beneficiar a un comprador en parcular, el tribunal ha tenido especial cuidado en diseñar un proceso de licitación transparente desnado a compensar equitavamente a los acreedores, muchos de los cuales no enen su sede en Estados Unidos.
Sin embargo, la historia interesada de la oposición también omite algunos detalles cruciales. Sí, es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro asumieron irresponsablemente altos niveles de deuda cuando deberían haber estado ahorrando ingresos de un auge petrolero sin precedentes.
Pero muchos gobiernos de todo el mundo se endeudan mucho y, como resultado, casi ninguno de ellos pierde sus acvos. Una de las razones por las que los soberanos en mora rara vez pierden el control sobre sus acvos extranjeros es que existen importantes salvaguardias legales que dificultan que los acreedores los embarguen.
Cuando los gobiernos se muestran incapaces de pagar sus deudas, normalmente acuerdan un plan de reestructuración con los acreedores. La abrumadora mayoría de los acreedores consideran que les conviene llegar a un acuerdo que reduzca la carga agregada de la deuda a un nivel sostenible.
Rara vez optan por entrar en el tortuoso, costoso e incierto mundo de los ligios. Entonces, ¿por qué los acreedores no se sentaron con Maduro para negociar tal acuerdo? La respuesta es que Estados Unidos les prohibió hacerlo en una orden ejecuva de agosto de 2017 que sigue vigente.
Luego, en enero de 2019, Estados Unidos entregó el control de los acvos de Venezuela en el extranjero a la oposición de Maduro.
Esto significaba que, desde un punto de vista legal, sólo la oposición podía reestructurar la deuda. Por supuesto, dada su falta de control sobre los ingresos petroleros del país, esta capacidad no tenía sendo. Incluso después de estas decisiones, no estaba nada claro que los acreedores pudieran apoderarse de Citgo.
Claro, Venezuela debía alrededor de 150.000 millones de dólares en deuda externa, pero a principios de 2019 solo una pequeña fracción de eso (3.400 millones de dólares, para ser precisos) estaba vinculada a instrumentos que otorgaban a los propietarios un derecho legal firme para apoderarse de acciones de Citgo.
Hay una gran diferencia entre ser un acreedor quirografario de Venezuela y tener un derecho sobre Citgo.
Para empezar, Citgo es propiedad de un holding que pertenece a PDVSA, que es legalmente disnto del gobierno de Venezuela.
El principio de responsabilidad limitada, fundamento de la legislación financiera moderna, establece que los acvos y pasivos de una empresa son disntos de los de su propietario.
No se pueden perseguir los acvos de una empresa para cobrar la deuda de su propietario, como tampoco se pueden perseguir los acvos personales de alguien para cobrar las deudas de una empresa. Ahora, veamos qué pasó con ese número.
En los úlmos cuatro años –bajo la supervisión del gobierno interino liderado por la oposición– los pasivos adeudados a los acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo se mulplicaron de 3.400 millones de dólares a 23.600 millones de dólares.
La cifra de 2019 fue lo suficientemente pequeña como para que Venezuela pudiera atenderla incluso con sus agotados ingresos petroleros (de hecho, eso es exactamente lo que estaba haciendo Maduro hasta que las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos fueron transferidas a Guaidó). La cifra de 2023 es casi el doble del valor de mercado esmado de Citgo y, por lo tanto, esencialmente impagable en las condiciones actuales. ¿Por qué estas deudas crecieron tan rápidamente?
La respuesta es que una gran parte de los acreedores argumentaron con éxito que el gobierno venezolano estaba ulizando a Citgo para sus propios fines.
En jerga legal, demostraron que PDVSA era un alter ego (literalmente, “otro yo”) de Venezuela. Una vez que se hace eso, la responsabilidad limitada desaparece y el acreedor ene rienda suelta para reclamar los acvos de una empresa propiedad del deudor.
De los 24.000 millones de dólares en pasivos mostrados anteriormente, 19.000 millones de dólares enen su origen directamente en esta decisión. Lo más sorprendente de la decisión del Tribunal de Delaware es que no tuvo nada que ver con Maduro. Más bien, se basa en la conclusión de que el gobierno interino liderado por la oposición había ulizado a Citgo como instrumento. (La decisión fue confirmada recientemente por el Tercer Circuito en apelación).
La opinión de 61 páginas del juez Leonard Stark se lee como una lista de lo que se supone que no debe hacer si quiere evitar que los acreedores se apoderen de sus acvos: “El Gobierno de Guaidó ha accedido a los acvos de las filiales estadounidenses de PDVSA en Estados Unidos y los ha ulizado para financiarse, eludiendo cualquier derecho que PDVSA pudiera haber tenido sobre los dividendos corporavos.
El Gobierno de Guaidó también ha ulizado activos de PDVSA para financiar la defensa legal de Venezuela. . . PDVSA ha comenzado, para luego detenerse, pagar sus deudas bajo la dirección de Venezuela.
El presidente Guaidó anunció que ene la intención de tratar de la misma manera las deudas de Venezuela y las de PDVSA en una eventual reestructuración de la deuda”.
Detengámonos en este úlmo punto un momento. En julio de 2019, el gobierno interino publicó un conjunto de directrices para la renegociación de la deuda externa del país que exigía lo siguiente: “ . . . no se otorgará ningún trato diferente a los créditos admisibles denominados en moneda extranjera como resultado de su origen . . ., la naturaleza o domicilio del tular del crédito, y/o la idendad del deudor del sector público.”
¿Que qué? ¿El gobierno venezolano estaba afirmando que pagaría a un acreedor de la ley de Nueva York con una sentencia de un tribunal estadounidense en los mismos términos que a un contrasta de PDVSA cuyos reclamos sólo eran teóricamente ejecutables en los tribunales venezolanos? ¿Se estaba compromeendo a pagar a los propietarios de bonos de PDVSA en las mismas condiciones que los bonos de Venezuela, a pesar de que estos úlmos se cozaban con una prima del 25% respecto de los primeros? Y lo hizo a plena vista, sin siquiera afirmar haber consultado al directorio de PDVSA, demostrando así esencialmente las afirmaciones de los acreedores de que estaba tratando a PDVSA como un instrumento.
Estas decisiones parecían diciles de entender en ese momento, y todavía lo son. Poco después de su publicación, escribí lo siguiente: “ . . . la única manera en que se puede esperar que Venezuela tenga éxito en respetar el principio de igualdad de trato es si los acreedores no logran hacer cumplir sus reclamaciones en los tribunales internacionales”.
Aún no está claro por qué el gobierno interino tomó decisiones tan claramente perjudiciales para la nación.
Debería preocuparnos saber que una de las empresas que se benefició materialmente del fallo de Delaware también había empleado anteriormente al funcionario responsable de muchas de estas decisiones. La existencia de graves y graves conflictos de intereses de esta magnitud ameritaría, como mínimo, la apertura de una invesgación exhausva y transparente.
Lamentablemente, hasta la fecha los dirigentes de la oposición han mantenido un silencio ensordecedor.
Durante años, los venezolanos han confiado en las perspecvas de un cambio democráco para poner fin a la corrupción y los abusos desenfrenados del régimen de Maduro.
Pero en muchos casos en los que la oposición ha administrado fondos, han surgido acusaciones de mala gesón, corrupción y amiguismo. No sorprende que personas ajenas a la políca que no desempeñaron ningún papel en el gobierno interino de la oposición encabecen actualmente las encuestas para las próximas elecciones presidenciales.
Maduro y la oposición podrían haber acordado una estrategia conjunta para negociar con los acreedores y salvaguardar a Citgo. Por el contrario, ulizaron su control sobre los acvos de la nación para su propio beneficio políco y personal, lo que llevó a Venezuela a perder una importante fuente de ingresos que tanto necesitaba para abordar su emergencia económica y humanitaria. Una vez más, los venezolanos tuvieron que pagar la factura del destrucvo conflicto políco del país”.
Es de resaltar que Juan Guaido y sus más cercanos colaboradores entre ellos CARLOS VECCIO supuestos embajador en USA, su relacionado de negocios de TRETON OIL, JESUS PEREZ ORORPEZA, la direcva de Citgo ad hoc Carlos, Jordá Presidente Director CITGO Petroleum Corporaon, HORACIO MEDINA de la junta de PDVSA adhoc, son responsables del mal uso de estos fondos lo cuales deber ser profundamente invesgados por la oficina que Ud. dignamente dirige.
Por todo lo brevemente expuesto solicitamos a este despacho fiscal aperture una averiguación criminal contra: JUAN GUAIDO MARQUEZ CARLO VECCIO JESUS PEREZ ORORPEZA HORACIO MEDINA CAROS JORDA.
Igualmente establezca demás responsables que considere prudente por el manejo y malversación de los fondos a los que hace referencia la sentencia de la Corte de Delaware, la cual es raficada por la Suprema Corte de los Estados Unidos en fecha 8 de enero 2024 expedientes signados con los numero: 20-290LPS; 20-257-LPS; 2046-LPS; y 20-481-LPS de la Corte del Distrito de Delaware Juez LEONARD STARK.-
Es juscia que esperamos a la fecha de su presentación ALEJANDRO TERAN MARTINEZ
Que asco!!! Una muy mala redacción, quizá deban obligar al escritor a terminar el bachillerato.