Más de 600 ONG alertan que la medida de Maduro contra las organizaciones viola instrumentos legales establecidos en el país y pone en riesgo hasta la vida de miles de personas
La medida de la administración de Nicolás Maduro de ordenar el registro de las ONG en la oficina contra la delincuencia organizada causa repudio. Más de 660 ONG emitieron un comunicado en el cual advierten que se pone en riesgo a los más vulnerables.
Lo hacen porque la providencia ordena registrar no solo a las ONG, sino a sus beneficiarios. Destacan el riesgo de que estas personas se deben registrar “bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros”.
Alertan que una consecuencia sería “la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel”, contra los miembros de las ONG. “Se pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población”, sostiene.
Dice que todo empeora “en un momento en que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria. también el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Califican la normativa como “sub-legal, que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones”.
Repudian que en la norma se establezcan “procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las ONG no contemplados en ningún instrumento jurídico venezolano. Por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir”.
Recuerdan que en el país hay “normas constitucionales, leyes y resoluciones que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza”.
También impone “la aplicación de sanciones abiertas por presunción de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, entre otras. Además de multas, prisión y revocatoria de actividades”.
En ese sentido, “las organizaciones declaran que la Providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se
encuentran bajo el deber de amparo”.
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Riesgo de vida
Denuncian que se “obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia”.
Las organizaciones se comprometen a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación.
Asimismo, “la providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación, cambiando su marco regulatorio actual”.
Igualmente advierten que en el ejercicio de este derecho pueden existir regulaciones, siempre que sean establecidas por leyes legítimamente adoptadas.
Y finalmente, alertan que la norma “viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad. Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha”.
Concluyen que la orden de Maduro “se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora. Todo con el claro propósito de cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil”.
“La aplicación de esta providencia administrativa es inaceptable y traería mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana”, advierten.
