La SIP elaboró un informe donde se denuncia que, en Venezuela, “operan muchos medios” en línea que son independientes. Pero, “regularmente”, los bloquean por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes que “las fuerzas represivas” de Venezuela “están a la caza de periodistas que cubren las noticias”. Esto, especialmente con las relacionadas con protestas, información sobre la COVID-19 y los servicios.
A esos periodistas, “los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares”, señala un informe preliminar. El mismo lo presentaron en la 77 Asamblea General de la SIP.
Señala que, en Venezuela, “operan muchos medios” en línea que son independientes. Pero, “regularmente”, los bloquean por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas.
“A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas”, añade.
La SIP cita un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que señala que desde que Nicolás Maduro llegó al poder “desaparecieron 115 medios de comunicación”.
En este sentido, subrayan que más del 60 % de la población “se entera de alguna noticia a través del canal oficial” del Estado. Esto ocurre porque “no hay medios independientes ni de televisión ni de radio”.
“Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel”, agregan.
Sobre internet, advierten que “pasa por bloqueos discrecionales” o existe un “acceso muy limitado”. La situación llevó a Venezuela a ocupar “el último lugar” en calidad de conexión a internet en América Latina, destaca la agencia Efe.
“La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del Gobierno), similar al modelo cubano”, apostillan.
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El caso de El Nacional
A lo largo de este año, consideran que “el evento más destacado fue la toma de las instalaciones” del diario El Nacional.
“Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por Diosdado Cabello, el TSJ condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares” por la difusión de una noticia, recuerdan.
La noticia, “que involucra a Cabello con actividades ilícitas”, fue publicada inicialmente “en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal”. Pero posteriormente “fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales”.
“En virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces, el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo respalde”, sostienen.
Otros casos
Entre las “principales agresiones contra periodistas y medios”, destacan los casos de Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno.
El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado “estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa”.
Ese mismo mes, en Lara, tres periodistas de El Informador, “fueron amedrentados por presuntos funcionarios” de las FAES.
También a principios de octubre, “sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas. No resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono”
