La pandemia de coronavirus presente en Venezuela desde el año pasado no ha sido tan letal como los organismos de seguridad comandados por Nicolás Maduro. En este informe, Provea y el Centro Gumilla, demuestran cómo estos cuerpos actúan al margen de la ley, violando los DD.HH. y amparados por las autoridades, lo que los reviste de impunidad
Los cuerpos policiales y militares de Venezuela son más letales que la COVID-19. Durante el 2020, un total de 2.853 personas fallecieron en el país a manos de los cuerpos armados del Estado venezolano. Así lo indica el informe “Lupa por la vida”, elaborado entre la ONG Provea y el Centro Gumilla.
La mayoría de las víctimas eran jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años. Esto indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes, señala la ONG en nota de prensa.
Destaca que este hecho, junto a la falta de acceso a otros derechos, son la causa de la “creciente migración forzada de jóvenes” a otros países. “Este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, denuncia.
Resalta que “ni el supuesto confinamiento obligado debido a la pandemia frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares”.
Provea y el Centro Gumilla iniciaron desde el año 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar. De allí sale esta iniciativa de “Lupa por la Vida” que es “la construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales”.
La política de Estado que promueve la impunidad
El monitoreo determina que “las miles de víctimas de la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado”. La misma “combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos”. También “la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista”.
Resalta el documento que “los funcionarios actúan con plena libertad”. Tienen “la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada”. Y “cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
Provea lamenta que “en los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación”.
Cita como ejemplos de esto, el asesinato de dos trabajadores de Guacamaya TV y de un escolta de la exministra de Prisiones, Iris Varela. En ambos casos, las instituciones actuaron rápidamente por tratarse de oficialistas.
La ONG denuncia que “en Venezuela la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político. Por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación” contra los “responsables de ejecuciones extrajudiciales.
“Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad. Casi siempre se maneja la versión de presunto enfrentamiento. En consecuencia el Ministerio Público no actúa”, señala.
Incluso, señala que “se constata el manejo de los falsos enfrentamientos. Que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen”. En ellos “las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. Cuando en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas”.
Los estados más violentos
Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia de policías y militares son: Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.
En todo el 2020 el estado Zulia registró más muertes con 667. Lo sigue Aragua con 297, Bolívar con 269 muertes y Lara con 193. En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento.
Una de los casos que más impactó a la opinión pública en el estado Carabobo es el asesinato de Daniel Alexander López Ramírez. Se trataba de un médico integral comunitario. Lo asesinaron durante un operativo mixto realizado en Guacara.
La versión oficial indicó que “López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva. Murió al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda”.
Los familiares desmintieron la especie. Indicaron que el médico se encontraba allí porque estaba secuestrado por miembros de una banda delictiva. Querían que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.
Mayo fue el mes donde policías y militares actuaron con mayor letalidad. Asesinaron a 379 personas en un contexto de cuarentena por coronavirus. Pero los operativos violentos contra la población no se detuvieron Solo de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.
Los más letales
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de las Faes, es el cuerpo policial más letal. Durante 2020, la PNB cometió 672 asesinatos, lo cual representa 23,55% del total.
Muy de cerca le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 593 casos. Esto equivale a 17,52% del total. E
Las policías estadales son responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 262 asesinatos. La de Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos. En su gran mayoría son responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Las policías municipales por su parte, son responsables de 134 presuntas ejecuciones. Estas policías participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.
En el caso específico de las FAES, utilizaron los mismos procedimientos. Sus objetivos son similares y las denuncias de los familiares y vecinos idénticas a las de 2019.
Por otro lado, su principal centro de operaciones son las barriadas. allí habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales.
A la PNB se le atribuyen 635 muertes, para 22.26%. La mayoría de las personas muertas son hombres con un promedio de edades entre 28 y 39 años.
