El presidente insiste en que se deben resolver los líos de tierra para lograr su “paz total”
Tensionado por las 108 invasiones de tierra que acontecen en Colombia, Gustavo Petro ordenó acelerar su ambiciosa reforma rural con la que entregaría 10 millones de hectáreas en cuatro años, y para adquirir los predios anunció que la Nación se endeudará en unos 60 billones de pesos.
Las 10 millones de hectáreas serán entregadas a familias indígenas, campesinas y afros que no tienen tierra, no tienen suficiente para hacerla productiva o no sin títulos de los terrenos que ocupan o donde están viviendo.
La idea del presidente es “democratizar” la tierra comprando el Estado a precio comercial para después vender propiedades a los campesinos con bajos precios que les sean asequibles.
A pesar de que no está listo el mecanismo legal para regular la compra de tierras por parte de la Nación, Petro destapó su plan de financiación.
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El Presidente planteó en Noticias Caracol que el Gobierno se endeudará para comprar 3 millones de hectáreas “por 20 millones de pesos cada una, son 60 billones de pesos. El tema del dinero podemos pensarlo a seis años, que sea de a 10 billones de pesos por año, nos endeudamos y le pagamos con títulos al dueño de la tierra”.
El mandatario contempla el endeudamiento como su plan principal, a pesar de que el marco fiscal –que Petro propuso cambiar– de mediano plazo señala que el país podría cerrar 2022 con un nivel de deuda pública este año superior al 54 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Lo que si se incrementa ese valor de deuda como lo propone el Presidente Petro, las calificadoras pondrían nuevamente en alerta la medición de calificación de riesgo del país. Además, no es el momento para endeudarse porque las tasas de interés están muy altas.
No obstante, está iniciativa es considera por el Gobierno como una especie de amortiguador frente a la problemática de invasiones a la agroindustria y a propiedades públicas y privadas que sigue latente en 26 municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, según la Defensoría del Pueblo.
