El “aguinaldo” que Gustavo Petro les prometió a los presos de la “primera línea” le genera fuertes choques al presidente colombiano
Muchos tropiezos tienen en jaque el polémico aguinaldo del presidente Gustavo Petro, con el que busca excarcelar a procesados por delitos durante el Paro Nacional de 2021, entre ellos, integrantes de la Primera Línea.
Un juez negó la libertad de dos jóvenes que el Ejecutivo había postulado como voceros de paz; por el otro, la Procuraduría General advirtió irregularidades en la liberación de otros dos jóvenes.
Mientras tanto, la Procuraduría alegó que –en contravía de las promesas del Gobierno–, se dio vía libre a la liberación de dos personas sin el visto bueno de un juez, con el agravante de que no pudo participar como veedora del trámite. La queja está relacionada con la excarcelación de Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa, los primeros jóvenes que recobraron la libertad.
El Ministerio Público afirmó que en esas diligencias no fueron convocados procuradores judiciales ni pudieron acceder a información de los casos.
Sin embargo, el mayor reparo es que las órdenes de libertad no fueron firmadas por un juez de control de garantías.
En su lugar tuvieron el visto bueno de la jueza Lilyan Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, que tendría un rol más administrativo que judicial.
“Las funciones de esa juez son absolutamente residuales y de trámite, no de carácter judicial. No tenía competencia para emitir estas órdenes. Tampoco hubo la suficiente publicidad y control. Todo se hizo a puerta cerrada, fue una decisión de escritorio, un acto notarial”, alegó Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado con funciones mixtas en Asuntos Penales, en declaraciones a medios radiales y compartidas por El Colombiano.
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La Procuradora General, Margarita Cabello, radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura llamando la atención por aparentes irregularidades.
Inclusive, el procurador Acosta sugirió que el asunto podría escalar hasta una revocatoria de la decisión, es decir, que los jóvenes tendrían que volver a ser recluidos.
La posible interferencia en los expedientes penales ya había sido advertida por el fiscal Francisco Barbosa, quien recientemente se reunió con Petro y le expresó que “la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces”.
Estos reparos, que se suman a llamados de autoridades judiciales y estamentos políticos, ponen en entredicho la legalidad del aguinaldo de Petro y ensombrecen su propósito de conseguir una paz total que no se traduzca en impunidad.
