Las organizaciones creen que la Misión es un complemento en las investigaciones de la CPI y de la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU
“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”.
La petición la hicieron 124 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales que trabajan en el país, puesto que consideran que persiste la violación de esos derechos y, sobre todo, la impunidad.
La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de DD.HH en Venezuela, “ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país”, señala el documento presentado este miércoles, por las ONG, en una conferencia de prensa virtual.
También piden que se asegure “el escrutinio internacional sobre la crisis en curso”.
El objetivo de la misión es investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.
Esto, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.
La solicitud se realizó en virtud de que los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre.
En consecuencia, se requiere una resolución para extender el mandato de la instancia después de septiembre. Anteriormente, varios países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión.
De someterse a votación, se requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.
Las organizaciones, encabezadas por Provea, hicieron un llamados a los “gobiernos latinoamericanos” para liderar “nuevamente esta iniciativa y promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato”, dijeron.
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Lo que ha dicho la misión
En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se
habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían
conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó “la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos”.
Manifestó que “el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos”.
Los expertos de la Misión piensan que “la falta de implementación de las recomendaciones de la instancia, por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones”.
Por ello, las ONG consideran que, “frente a un gobierno que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”.
Igualmente, sostienen que “si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias”.
Papel complementario
desde que la Misión trabaja en Venezuela, ha servido de “complemento y respaldo al papel de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
Asimismo, destaca que “puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela”.
Las apariencias
Las organizaciones alertan que “las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración que no es genuina, con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020”.
No obstante, aclaran que “en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos”.
La administración de Maduro “tampoco puso en práctica las recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU”.
Por otro lado, “las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las organizaciones”.
La necesidad de justicia
“Nuestra petición y llamado es a que siga la misión. Es una meta muy importante para los organizaciones, para las víctimas, pero, especialmente, para la justicia y la verdad en el país y para no caer en este olvido y justamente generar una respuesta que no de impunidad en Venezuela”, dijo Beatriz Borges, de la ONG Cepaz.
“La presencia de la OACNUDH en Venezuela y la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, no reemplazan el trabajo de la Misión de la ONU”, manifestó Borges.
Mientras que Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, insistió en que “la la oficina de la CPI es diferente a la presencia de la OACNUDH en el país. No tendrá un espacio físico abierto y no se revelará quienes la integran por seguridad. Trabajará confidencial”.
“A nivel internacional se está diciendo que las autoridades están cooperando con la Corte Penal Internacional, lo cierto es que han ocurrido situaciones muy graves que son objeto de este monitoreo internacional”, añadió.
Las ONG esperan que en el próximo encuentro del Consejo de Derechos Humanos de ONU “los Estados puedan levantar su voz por los venezolanos y entender que un país como Venezuela, si no cumple con los requisitos, no debe tener una silla” en esa organización.
