En el día Internacional de los Derechos Humanos, los activistas en Venezuela con cada vez más perseguidos y sus actividades más vigiladas
Para las ONG defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela, este 10 de diciembre no hay mucho que celebrar. En el día internacional de estas organizaciones, en el país aumenta la persecución y el hostigamiento contra estos activistas.
Incluso, estas acciones se incrementaron drásticamente con la implementación de las medidas de confinamiento por la COVID-19.
Un ejemplo de ello es lo que pasa Alimenta la Solidaridad. Esta organización a través de comedores, garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país. Recientemente le bloquearon sus cuentas y no puede recibir los ingresos que usa para alimentar a esos niños.
La parlamentaria Manuela Bolívar, sostiene que se está registrando un elemento de mayor “restricción y persecución”. Sobre todo a las ONG quee implementan programas humanitarios.
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No hay garantías
“Hoy no hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y neutralidad. Se requiere protección a los actores humanitarios y muy especialmente a quienes están implementando este tipo de programas”, subrayó Bolívar.
En tanto, Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, destaca que cada vez se vuelve más complejo el panorama en Venezuela. “A inicios de este año allanaron nuestro centro de acopio. Al final tuvimos que dejarlo y de verdad nos han pasado cosas muy fuertes este año”, detalla, en entrevista para la VOA.
Recientemente Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración.
Se trata de una situación que, para muchos activistas, vaticina una ola de ataques contra defensores de derechos fundamentales.
Además, desde el mes pasado, la Superintendencia de Bancos ordenó a las entidades vigilar las cuentas de las ONG. LKa finalidad es, según la Sudeban, evitar el manejo de dinero de dudosa procedencia.
