La ONG Justicia Venezolana advirtió que la vida de todos los presos políticos corre peligro por la condiciones infrahumanas en que se encuentran las cárceles del país
Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, cuestionó la transferencia de los presos políticos a penales ordinarios. Su rechazo es mayor, cuando se trata de la transferencia de los 140 militares presos por razones políticas.
Se refiere al decreto de Nicolás Maduro que ordena a la Dgcim y al Sebin pasar la custodia de estas personas al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Sobre los militares presos, Camejo dijo que la medida viola la premisa de la justicia militar sobre los lugares de reclusión para los funcionarios castrenses.
Alerta que las cárceles comunes “suponen un enorme riesgo para la integridad física” de los militares.
“Hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión. Allí reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas y existe desnutrición. No se garantizan los derechos humanos de los detenidos”, detalló la jurista.
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Agregó que el alto índice de propagación de la COVID-19 en el país es otra razón para otorgar medidas de arrestos domiciliarios.
La experta en justicia penal militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Pidió que “el equipo de su oficina se aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles”.
Camejo reiteró que en Venezuela no se cumplen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, comúnmente conocidas como Reglas Mandela. Por eso, hizo un llamado a los organismos a velar y garantizar por la vida de todos los detenidos.
