La ONG Cepaz documentó 43 ataques contra la prensa y las organizaciones civiles en mayo
En mayo de 2021 se registraron al menos 43 actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la prensa, ONG y partidos, líderes políticos y la población en general. El balance lo hizo la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
“Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones. Además del uso de la violencia bajo la aquiescencia del Estado”, dice el informe.
Destaca “el cierre y bloqueo de medios de comunicación, la apertura de procedimientos judiciales y embargos”. Y se añade “la creación de normas que restringen el espacio cívico”, unido a “un fuerte control y discriminación contra la población”. En este último punto se refiere “a los beneficios otorgados con la inscripción y uso de la plataforma Sistema Patria”, para la vacunación contra la COVID-19.
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Contra la prensa
Cepaz señala que el mes pasado ocurrieron al menos 23 ataques contra trabajadores de la prensa. “Específicamente hubo 14 amenazas, estigmatizaciones o violencia, 2 detenciones arbitrarias y 4 aperturas de procedimientos judiciales. A lo que se unen investigaciones o embargos, 3 bloqueos de páginas web y cierre de medios”.
“La escasez de papel, el desabastecimiento de combustible, la inflación y el alto costo de los equipos, dejó al diario El Tiempo fuera de circulación en su versión impresa”, recordó la ONG.
A esto se añade el embargo de la sede de El Nacional y la orde un tribunal mercantil de Caracas de pagar 30 millones de dólares a Diosdado Cabello.
Restricciones al espacio cívico
La ONG también registró 2 ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. “Javier Tarazona, director de FundaRedes, denunció amenazas de grupos irregulares. También a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión”.
A este activista le amenazan por informar sobre el conflicto en Apure y el avance violento de esos grupos en el territorio nacional.
Cepaz destasca que sigue vigente la medida de obligar a las ONG a registrarse en la oficina antiterrorismo. Destaca que se eiliminó la obligación de suministrar los datos de los beneficiarios.
No obstante, considera que ese registro atenta contra estas organizaciones que deben empadronarse para conseguir su habilitación.
Contra los políticos
Durante el quinto mes del 2021, la ONG documentó al menos 7 ataques contra dirigentes políticos. “Específicamente 4 actos de detención y una solicitud de extradición de un líder de oposición”.
Asimismo, denuncia el traslado de presos políticos a cárceles comunes sin haber informado a sus familiares y a sus defensores.
Control social a través del Sistema Patria
La población es constantemente amenazada, criminalizada y discriminada. Durante el mes de mayo hemos registrado al menos 11 actos ejercidos contra la población. Desglosados ocurrieron 5 actos de amenaza, violencia e intimidación, 2 detenciones arbitrarias y un acto de control social a través del Sistema Patria.
“El Sistema Patria constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización social. Ya durante el mes de abril alertábamos con preocupación cómo el gobierno de Nicolás Maduro ejerce un patrón de control y discriminación contra la población supeditando la asignación de las vacunas contra la COVID-19 a la inscripción en esta plataforma digital”, resalta.
En mayo se siguió utilizando la emergencia sanitaria para obtener un mayor número de personas inscritas, para alegar un índice de popularidad que no puede ser medido por esta plataforma, considerando que la población se encuentra coaccionada a inscribirse. Ahora también se ofrecen descuentos en los servicios de electricidad y agua a través del Sistema Patria, incentivando a los usuarios a que se inscriban y realicen el pago a través de éste.
CIDH observa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación y ha instado al gobierno de Maduro a cesar estas acciones:
Frente a la detención del general retirado Ovidio Poggioli cuando ingresaba a Venezuela, la CIDH emitió el 13 de mayo de 2021 la Resolución 41/21, mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
El 14 de mayo, luego del embargo al diario El Nacional, tras una medida del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar la demanda por daño moral interpuesta por el líder del chavismo Diosdado Cabello, la CIDH condenó este hecho y afirmó que esta acción profundiza el cierre prolongado y sostenido de los espacios democráticos en el país.
Por último, ante el traslado de los presos políticos venezolanos a cárceles comunes, la CIDH exhortó el pasado 29 de mayo a proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Así como informar a familiares y a la defensa sobre su nueva ubicación y permitirle una evaluación médica independiente.
“Reiteramos que los casos presentados en este monitoreo no necesariamente representan la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de mayo. Sin embargo, si constituyen una muestra significativa que demuestra la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy controlan el poder2, destaca la ONG.
