El panel alerta que «en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”
El Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentaron “conclusiones alarmantes” en su segundo informe.
Las conclusiones fueron reveladas en una conferencia de prensa celebrada este martes en La Haya, por Santiago Canton y Joanna Frivet integrantes del panal.
“Las conclusiones alarmantes revelan las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.
Moderada por Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Quienes integran el Panel?
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, nombró el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón de Argentina, Manuel Ventura Robles de Costa Rica e Irwin Cotler de Canadá, junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet de Mauricio.
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¿Qué dice el panel?
El Panel revela que las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis.
Además expresa su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel
Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Qué encontraron?
Los expertos acusan al actual embajador venezolano en Países Bajos, Calixto Ortega, de “haber colaborado activamente en la comisión” de crímenes con “detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo”, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens.
Ortega es también magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde 2015 y, como embajador en La Haya, es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI.
El segundo ejemplo que resalta el panel es del diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Es considerado una de las personas que podrían tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resume el panel en su segundo informe.
Marco de impunidad
Cantón lamentó que, «en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”.
Las reformas, dice el informe, “erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica” y “sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, está a la espera de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el intento de Caracas de impugnar la admisibilidad del caso. Venezuela acusó a Khan de «instrumentalizar» la Justicia «con fines políticos», tras desestimar los argumentos presentados por Caracas en torno a la investigación.
Sobre esto, el panel de la OEA instó a Khan a «centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad».
Con información EFE
