Hace casi un año unas 400 ONG que operan en el país advirtieron lo que implicaría la aprobación de referida ley
Amnistía Internacional (AI) emitió este viernes una alerta sobre el “grave riesgo” que representaría para las organizaciones no gubernamentales (ONG) aprobarse el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones.
Sin embargo, sabe que es “inminente” aprobación, cuya discusión fue retomada la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN).
“La Asamblea Nacional retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, dijo AI en su cuenta de la red social X.
Expresa que, “de aprobarse, todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias”
Por eso se piden acciones globales para urgir enfáticamente a la Asamblea Nacional a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y a que cesen todos los ataques a la sociedad civil.
Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial alertando de grave riesgo para ONGs de Venezuela
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) January 19, 2024
La Asamblea Nacional retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y… pic.twitter.com/My3urzBsv7
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La organización compartió una carta enviada a Jorge Rodríguez, presidente de la AN, en la que le manifiesta su preocupación ante el reimpulso a este proyecto, preaprobado en enero de 2023, pero aún en espera de una discusión pormenorizada para su aceptación definitiva, que tendrá lugar luego de una consulta pública que inició el pasado 9 de enero.
El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Esta propuesta ha sido rechazada, entre otros, por decenas de ONG y por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), recuerda la agencia EFE.
Con la aprobación definitiva de este instrumento “se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional”, advirtieron en febrero de 2023 unas 400 ONG en un comunicado conjunto.
