Según un informe conjunto de Provea y el Centro Gumilla, el Cicpc desplazó a las FAES en la cantidad de muertes, mediante la modalidad de ejecuciones extrajudiciales
Los diversos cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela fueron culpables de, al menos, 1.414 ejecuciones durante 2021. Esto representa menos de la mitad que el año anterior, según un informe presentado este lunes por dos Provea y el Centro Gumilla.
La cifra representa una reducción de 1.620 ejecuciones con respecto a 2020, cuando se registraron unos 3.034 “asesinatos”, puntualizan las ONG.
“Hay un descenso de más del 50 % (…) parece positiva la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de derecho es que no haya ejecuciones extrajudiciales. Y 1.414, aunque en relación con 2020 sea una cifra bastante reducida, sigue siendo alarmante y letal”. Así lo dijo, Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla.
En este sentido, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que la cifra “sigue siendo muy elevada”. Refleja “la alta letalidad con el que siguen actuando los organismos policiales y militares en el país”.
“Se ratifica que estamos frente a una política de Estado. Cuando el Estado tiene voluntad de controlar a sus organismos policiales, de orientarlos, se pueden lograr resultados como el de 2021, que en tan poco tiempo logró una reducción tan significativa”, agregó.
De las 1.414 ejecuciones, 99 % fueron hombres y 1 % restante, mujeres.
“Recientemente, la organización Cepaz presentó el informe sobre feminicidio en Venezuela, donde totalizaba 290 víctimas (en 2021). En nuestro monitoreo aparecen 14 víctimas mujeres, es decir, que de los 290 feminicidios, 5 % están como presuntas ejecuciones extrajudiciales”, dijo Infante.
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El Cicpc a la cabeza
El coordinador del Centro Gumilla precisó que la instancia policial con “mayor letalidad” en 2021 fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Este cuerpo es responsable de 347 ejecuciones, desplazando a las FAES que en el 2020 ocasionó la mayoría de las muertes.
Según Infante y Alvarado, “gracias” a los informes elaborados por distintas organizaciones internacionales, las FAES han “reducido su letalidad”.
Al Cicpc, le siguieron en 2021 la PNB, con 198 ejecuciones, de las cuales las FAES produjeron 111. Les siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 152 casos, y las policías municipales, con 119 asesinatos. Todos estos casos, en operativos de actuación mixta, donde se documentaron 139 casos.
Sectores populares
Asimismo, el informe destaca que 100 % de las víctimas provenían de sectores populares. A juicio de Infante, esto indica que los barrios están “sometidos” a un continuo “caracazo”.
“Hoy, esa política sigue a través de las ejecuciones extrajudiciales y de los operativos”, aseveraron las ONG.
Dichos organismos indicaron además que se evidencia un “marcado y creciente desplazamiento interno de familias enteras” en algunas zonas populares, principalmente de Caracas, durante y después de la ejecución de estos procedimientos policiales.
Denunciaron, además, que hay una “situación estructural de impunidad”, debido a que “tanto la Fiscalía como la Defensoría, en muchos de los casos, no han abierto investigaciones pertinentes”.
