Una red de documentación, conformada por varias ONG colectó testimonios de varias víctimas de delitos que perfilan como crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) constituyó 14 expedientes de casos que alcanzan este tipo de delitos. La ONG remitió los mismos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que adelanta una investigación sobre Venezuela.
La agrupación, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas. Esta campaña se extendió a los venezolanos que emigraron de manera forzada a diversos países de América Latina, España y Estados Unidos.
“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano. Por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”. Así lo explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH, en nota de prensa.
Desde 2021 la ONG ha registrado más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014. Además, los 14 que constituyeron un informe con varias actas porque cumplen los requisitos que establece en Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad.
A juicio de la Red-CLH, se confirma la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. A esto se suma la falta de investigación y sanción a los máximos responsables.
“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas. Algunos lo hicieron por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamiento. Otra gran parte por desconfianza en las instituciones. Se sabe que en Venezuela, al no existir separación de poderes, estos se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.
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El patrón
Algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas son: hostigamiento, seguimiento con patrullas o carros particulares. También hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas prolongadas, hacinamiento en tanquetas y celdas.
A esto se suma “la incomunicación, interrogatorios sin presencia de fiscales, acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos y/o partidos políticos”.
Igualmente, denunciaron “traslados a sitios de reclusión clandestinos, torturas físicas y psicológicas, tortura con luz blanca día y noche”. No faltan las golpizas y lesiones en diversas partes del cuerpo –incluidos dedos, cabeza y partes íntimas– hasta dejar inconscientes a las víctimas.
Las víctimas también denunciaron “simulación de ejecución, exposición a frío intenso, insultos, privación de sueño, agua y comida. Además, obligan a los detenidos a criar animales, para luego matarlos y acoso sexual. Obligan a algunos detenidos a tomar orina, los rocían con gasolina y los amenazan con matar a sus familias y con anularles los pasaportes”.
Acoso
Además, las víctimas denunciaron daños severos a viviendas y edificios donde residían, así como destrozos a carros. Sus vecinos y personas de su entorno también son amenazados.
La red denuncia la omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias. “Les cambian los relatos a las víctimas y les niegan la presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales”.
Incluso, han documentado cómo los jueces de estas causas “reciben órdenes durante las audiencias. Hay civiles procesados por tribunales militares, inexistencia de procesos judiciales”, entre otros.
Estos patrones coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2018. Asimismo, son parecidos a los informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Red remitirá en los próximos días otros casos documentados. Junto con estos primeros 14 hacen un total de 47.
Alonso Domínguez resaltó que “este importante proceso de documentación le da voz a miles de víctimas que por diversas razones no han sido escuchadas”.
