Este retardo procesal viola lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, denunció el abogado Yonathan Mustiola
“El retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela. En algunos casos se llega hasta 750 días sin impartir justicia”. La denuncia la hizo el director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola.
“Denunciamos el grave retardo procesal que arrastran las causas penales contra los presos políticos militares. Nuestra organización ha denunciado este hecho incluso desde antes del confinamiento por la COVID-19”, explicó.
Argumentó que actualmente hay más riesgo, porque los oficiales corren peligro. “Se arriesgan a contagios y hasta a la muerte por coronavirus“, insistió.
Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve. Así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la Constitución. “En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales”, recalcó.
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Dijo que no solo se viola la Constitución, sino varios artículos de Código Orgánico Procesal Penal. Puso como ejemplo los artículos que señalan que un juicio se llevará a cabo sin interrupciones. También en el menor número de días posible. Hay otro que señala que las medidas de coerción personal no podrán durar más de dos años.
“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los comandantes de los batallones blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio. En el caso operación Vuelvan Caras, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público”, indicó.
Todo esto, “a pesar de que el artículo 325 del Coopp señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al tribunal de Juicio”, agregó.
Al respecto, el defensor de los Derechos Humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia.
Sin embargo, dijo que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que permanecen tras las rejas.
