Después de seis años, el tribunal determina que el gobierno de Hugo Chávez violó el acuerdo de protección recíproca firmado con los inversores españoles
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un fallo a favor de los inversores españoles que denunciaron al gobierno de Hugo Chávez ante dicha organización internacional. Indica que Venezuela deberá pagar $1.640 millones en modo de compensación, tras la expropiación de la empresa Agroisleña.
En julio del 2016 un conglomerado de diez empresas españolas interpusieron la querella ante el CIADI, que es una oficina del Banco Mundial encargada de los arreglos compensatorios internacionales.
Seis años después, la organización determina que la expropiación llevada a cabo por el entonces presidente, Hugo Chávez Frías, violó de manera considerable los estatutos del acuerdo de protección recíproca, firmado entre el conglomerado de diez empresas inversoras españolas y el Estado venezolano.
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El CIADI indica que el pago corresponde a la indemnización y los respectivos intereses moratorios. $1.108.819,24 por costos de honorarios más: $16.308.725,30 por gastos de Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos (Los inversores españoles). El total es $1.646.417.544.
La expropiación de Agroisleña
En octubre del 2010, el entonces presidente Hugo Chávez Frías, bajo un decreto presidencial, expropia los terrenos y las instalaciones, junto con todo su inmueble de la empresa Agroisleña.
Las entonces directivas de las diez empresas fueron removidas y la administración de Hugo Chávez coloca a sus propios dirigentes, para entonces crear Agropatria. Esta empresa, según algunos conocedores de la materia, no ha logrado recuperarse ni retomar bien las riendas después de la expropiación.
Con información de agencias
