Chile avanza en la aplicación de sus políticas migratorias para reducir la cantidad de ilegales en ese país y este jueves hizo la expulsión más grande hasta el momento
El Gobierno de Chile expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para frenar la migración irregular por la que se pretende echar del país a 1.500 personas en 2021.
De acuerdo a los medios chilenos los deportados tenían causas judiciales o ingresos ilegales al país. Se trata del séptimo vuelo que posee estas características.
La información oficial indica que se trata de 71 ciudadanos venezolanos y 49 colombianos.
Con antecedentes judiciales
Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migración, aseguró que todos tenían causas judiciales o ingresos ilegales al país. Dentro de los delitos cometidos se encuentran: tráfico de drogas, robo con violencia, homicidio frustrado y homicidio.
Más de 800 personas han sido deportadas en siete vuelos distintos este año debido a una nueva ley de migración más estricta que el conservador Sebastián Piñera promulgó en abril.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes. Esto es el equivalente al 7 % de la población; siendo la comunidad venezolana la más numerosa, con alrededor de 450.000 personas, luego le siguen la peruana y la haitiana.
Cumplimiento de la ley
El director del Servicio Nacional de Migraciones aseguró que hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones.
Sin embargo, el Estado de Chile y el Ministerio del Interior “cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados”.
Las expulsiones han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW); y de organizaciones como las Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros.
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HRW denuncia irregularidades
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Los expertos señalan que el endurecimiento de fronteras desemboca en un aumento de personas que cruzan por pasos no habilitados. Esto se ha demostrado en los últimos meses en la zona norte del país, que ha vivido una fuerte crisis por la entrada de miles de personas indocumentadas.
Varias localidades fronterizas estuvieron en septiembre y octubre al borde del colapso y se produjeron varias marchas y disturbios contra la migración.
Con información agencias – EFE
