lunes, noviembre 28, 2022

NO RESPETAN NADA: Venezuela repite en último lugar del Índice de Estado de Derecho

Por octavo año consecutivo, la organización World Justice Project ubica a Venezuela en la cola de los 140 países evaluados por las persistentes fallas en el respeto al debido proceso y la ineficacia de la llamada «revolución judicial», entre otros motivos

Venezuela vuelve a ocupar el deshonroso último lugar en la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP).

Así es, el país ha vuelto a quedar, por octavo año consecutivo, en el último lugar de los 140 países evaluados.

En el reporte que la agrupación internacional viene elaborando anualmente desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre, el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando consiguió 0,27, reseña el informe.

Según WJP, «el Estado de derecho, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presenten en una sociedad determinada», reseña el portal Acceso a la Justicia.

Lea también: “Venezuela se está desmembrando debido al colapso del estado de derecho», advierte la AN

El caso venezolano

En el caso de Venezuela, para la institución, son llamativos los resultados obtenidos por la justicia penal, donde el país tiene más de una década en el foso.

¿La razón? En los últimos doce meses no se produjo ningún avance y Venezuela volvió a obtener 0,12 puntos.

Estos datos confirman las sospechas de que la «revolución judicial» puesta en marcha por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2020 no está sirviendo para hacer más eficiente y eficaz al sistema.

Desde finales de 2021 las autoridades han reformado o aprobado alrededor de una docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia penal, a través de las cuales han reducido lapsos procesales, estipulado nuevas obligaciones a los actores estatales e incorporado garantías para los ciudadanos.

Asimismo, han adoptado medidas como la reducción en el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o designado al titular de la Defensa Pública. Sin embargo, instancias nacionales e internacionales han advertido que estas medidas no atacan los principales males que aquejan al sistema.

«Las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad», denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su tercer informe sobre el país, publicado en septiembre pasado.

Todo se repite


Como en 2021, el país quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba las ocho, que es Estado de derecho.

Las modificaciones legales no abordan la provisionalidad de jueces y fiscales, la cual viene siendo señalada de manera reiterada por organismos como la Comisión y la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como un factor que favorece la injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales.

El Índice corrobora estas afirmaciones: en el subrenglón del factor que mide la justicia penal en el país, relacionado con la ausencia de interferencias indebidas del Ejecutivo sobre ese sistema, el país obtuvo una evaluación de 0,02; es decir prácticamente cero.

Una puntuación aún peor recibió en cuanto a la garantía del debido proceso en los procedimientos administrativos, donde el país apenas logró 0,01 y que forma parte del factor que mide el cumplimiento del marco regulatorio.

Tocando fondo


El Índice no solo reveló que las reformas legales aprobadas por las autoridades no han servido para mejorar la prestación del servicio de justicia, tampoco han hecho nada para combatir la corrupción.

Los funcionarios judiciales son percibidos como los más propensos a incurrir en irregularidades administrativas, seguidos por los del Gobierno y los agentes policiales y efectivos militares, de acuerdo con el reporte.

Los datos de WJP están en sintonía con los de otras organizaciones como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 de 180. Esto supone un retroceso de un puesto en comparación con 2021.

Muy pocos avances


En el Índice de WJP también figuran algunas áreas en las que Venezuela está más cerca del promedio mundial; sin embargo, ello no significa que sea un buen resultado.

Por ejemplo, en el ámbito del respeto a los derechos fundamentales, en la libertad religiosa obtuvo una puntación de 0,59, que está cerca de ubicarse en el promedio mundial de 0,64.

Por su parte, en materia de igualdad y no discriminación y de derechos laborales, el país consiguió un 0,48 y 0,53, respectivamente; también cercanos al promedio global, esto a pesar de que Venezuela sigue siendo de los pocos países de la región que no ha adoptado medidas para garantizar sus derechos a minorías como el colectivo LGBTI.

A ello se suma que en los últimos meses el número de protestas laborales no dejan de crecer, debido a medidas como el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que ha reducido los ingresos de millones de funcionarios públicos.

En materia de Gobierno abierto, el Índice registró leves avances, sobre todo por la existencia de mecanismos formales para presentar quejas.

Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público hasta ahora no ha tenido ningún impacto, pues de acuerdo con el reporte, el país sigue en el último lugar en la región en lo que se refiere a la posibilidad de que los ciudadanos accedan a información y datos que están en poder del Estado.

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