Es un estudio realizado por la plataforma HumVenezuela, durante el año pasado, el cual determina que 69% de los venezolanos se encuentran en “pobreza multidimensional”
Por más que los abastos y supermercados se vean llenos a reventar, por mucho que los centros comerciales hayan estado llenos en diciembre y a pesar de que, en apariencia, los venezolanos tienen para gastar, la realidad es muy distinta: la pobreza sigue haciendo mella en la mayoría de los habitantes del país.
Así lo ha determinado la asociación HumVenezuela, en un infoeme sobre la base de datos recopilados el año pasado y que demuestran que la emergencia humanitaria compleja que se detectó en el país hace más de cuatro años, persiste.
HumVenezuela es una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019, con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la emergencia, para medir sus impactos en la privación de derechos de la población.
Los datos
Se trata de la cuarta medición de la escala y severidad de la emergencia Humanitaria para el período de marzo 2022 a noviembre 2023.
La metodología de HumVenezuela responde a un modelo de evaluación, un marco común de evaluación, una metodología estandarizada y fuentes primarias propias, cruzadas con información secundaria disponible.
“Esta metodología atiende a la necesidad de proporcionar datos e información relevante que sirva para contribuir a que se garanticen la asistencia y protección a todas las personas afectadas, mediante una respuesta orientada por los principios y mandatos humanitarios, y por las normas del derecho internacional, sobre la base de evidencias de necesidades y exigencias de la protección de derechos”, destaca el informe.
La medición sigue un proceso metodológico de tres etapas en las que se recolectaron datos primarios mediante una encuesta de hogares, representativa estadísticamente a nivel nacional, con base en una muestra de 11.000 hogares de 20 estados del país en agosto de 2023.
De allí que se revisaron unas 1.000 fuentes de datos secundarios que, cruzados con los datos primarios, permitieron alimentar más de 400 indicadores de medición en sectores y áreas esenciales para la vida de las personas.
Y se realizaron análisis sectoriales e integrados de los indicadores, para estimar la escala, severidad, intensidad y profundidad de los impactos de la EHC a nivel nacional y en 20 estados del país, sobre un total de 28,8 millones de personas para 2023, de acuerdo con estimaciones internacionales.
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Condiciones de vida
El escrito destaca que “69,6% de venezolanos se encontraba en pobreza multidimensional, con una mediana de 102,5 de ingresos al mes (equivalentes en $ USD) que representaba apenas 12,8% de una canasta de bienes y servicios básicos, y 68,2% enfrentaba déficits de servicios públicos, con un elevado incremento de fallas de electricidad.
La inseguridad fue uno de los principales riesgos que corren las personas en el entorno comunitario, con una proporción alta de víctimas de abusos y/o violencia efectuados por terceros.
Con base en estimaciones internacionales y propias, 8,9 millones de personas se han desplazado desde 2015.
Hasta noviembre 2023, aumentó de 8,0% a 13,4% el porcentaje de personas con intención de emigrar: 9,8% hacia otros países y 3,6% dentro del país”.
Alimentación
Aunque mejoró la disponibilidad de alimentos en el país por el aumento de la producción nacional, para la mayoría de la población el presupuesto no alcanzó para disponer de suficientes alimentos ni para consumir una dieta variada y nutritiva.
El déficit de ingresos para comprar una canasta básica de alimentos llegó a 72,4%. Más de 40% de los hogares utilizó varias estrategias para conseguir alimentos, en las que se extenuaron medios de vida, se redujeron otros gastos esenciales y se sacrificaron activos productivos.
Pero eso no fue suficiente en 41,9% de la población, para la cual los alimentos fueron escasos, 25,7% disminuyó el número de comidas diarias y 22,8% llegó a quedarse sin alimentos.
Como consecuencia, la inseguridad alimentaria subió a 45,8%, después de haber bajado a 42,8% en marzo de 2022, manteniéndose la inseguridad moderada en 35,7% y aumentando la severa, de 7,2% a 9,5%.
Agua y saneamiento
El 86% debió satisfacer sus necesidades de agua mediante fuentes alternativas, al acentuarse las deficiencias del suministro regular del servicio por acueductos.
El abastecimiento alternativo aumentó en todos los tipos de fuentes, destacando un elevado ascenso en la recolección de aguas pluviales y la ayuda de vecinos o familiares.
El 69,1% de las personas enfrentó restricciones severas de agua potable: 45,5% no recibió agua por acueducto por períodos entre 2 semanas hasta meses o nunca; y 23,6% no tenía conexión al sistema de acueductos.
Por las restricciones de agua, un 49,1% de las personas la reutilizaba en distintas actividades de higiene y 33,4% redujo las cantidades de líquido ingerido al día.
De 73,7% a 82,5% aumentaron los reportes de señales de agua contaminada, un 12,5% de las personas debió beber agua no segura y se incrementó, de 17% a 27%, la proporción de personas que no usó en sus hogares métodos de purificación del agua.
Salud
Alrededor de 87,8% de las personas depende del sistema sanitario público para la atención de sus necesidades de salud, un 97,6% no contaba con protección financiera y 54,8% carecía de recursos económicos para gastos de salud.
Aproximadamente 72,4% de las personas que acudieron al sistema sanitario público no encontró atención y 69,9% perdió servicios por reportarse inoperativos, dejando a personas con problemas de salud, crónicos y agudos, para las cuales los servicios son imprescindibles, sin una atención médica garantizada en el país.
En cuanto a las necesidades de atención a la salud, 58,8% de las personas requería exámenes de laboratorio, 37,3% servicios de emergencia, 32,1% cirugías y 16,5% servicios de atención a traumas. Al menos 1,6 millones de mujeres no tenía servicios de atención al parto operativos o cercanos.
Educación básica
El 18% de NNA de 3 a 17 años estaba fuera del sistema educativo: 7,2% por abandono y 10,8% por no escolarización.
Por grupos de edad, la no asistencia fue más alto en el grupo de 4 a 6 años. Un 29,9% de los NNA que no asistían a la escuela, se encontraba trabajando, en su mayoría de 7 a 17 años.
De unos 6,6 millones de NNA con asistencia a la escuela, 88,3% iba a escuelas oficiales y 11,7% a privadas. La matrícula de las escuelas privadas se ha ido reduciendo.
En el período evaluado aumentó, de 45,1% a 51,6% la asistencia irregular: un 48,3% por deficiencias del sector educativo, 35,1% por dificultades del hogar y 16,6% por problemas del entorno.
Un 18,1% recibió menos de 50 días de clases. Un 56,6% de los NNA no recibía PAE y 28,5% de los que tuvieron acceso, no recibieron alimentos en cantidad suficiente y calidad adecuada.
