El tema de las inhabilitaciones, las relaciones bilaterales, las elecciones y el petróleo son elementos importantes en los acuerdos entre los mandatarios
El 20 de diciembre, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos realizaron un intercambio de prisioneros, como parte de un esfuerzo más amplio para normalizar las relaciones y generar garantías democráticas para las elecciones de 2024.
Al igual que el anuncio del Departamento de Estado el 18 de octubre sobre el levantamiento de las sanciones, este evento tiene mucho más impacto de lo que analistas y expertos esperaban anteriormente. Esto demuestra la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en la normalización de las relaciones, más allá de las personas liberadas, reseña un análisis de la revista Forbes.
Cuando se le preguntó sobre el acuerdo, el presidente Joe Biden dijo: “Parece que [el presidente venezolano Nicolás] Maduro, hasta ahora, está manteniendo su compromiso de celebrar elecciones libres. Aún no está hecho. Tenemos un largo camino por recorrer. Pero hasta ahora todo va bien”.
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El significado
El intercambio de prisioneros significa que, por un lado, el gobierno venezolano libera a 10 ciudadanos estadounidenses, de los cuales 6 el Departamento de Estado considera “injustamente encarcelados”; y 20 presos políticos venezolanos.
Además, Venezuela está extraditando a Leonard Francis, conocido como “Gordo Leonard”, a Estados Unidos. Francis es el único que está siendo extraditado en lugar de liberado. Había huido a Venezuela acusado de soborno, pero fue arrestado por las autoridades de ese país.
Los otros cuatro ciudadanos estadounidenses participaron en una expedición para derrocar al presidente Maduro en 2020, incluidos dos ex boinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, quienes fueron los primeros en ser liberados el 19 de diciembre, cuando fueron llevados para un chequeo médico que día.
El 4 de mayo de 2020 su grupo, compuesto en su mayoría por ciudadanos colombianos, desembarcó cerca del pueblo pesquero de Chuao, ocho fueron asesinados y el resto fueron capturados.
Alex Saab
Por otro lado, Estados Unidos está liberando a Alex Saab, un empresario venezolano-colombiano, acusado de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.
Según el gobierno venezolano, fue su representante en gestiones internacionales para importar bienes de primera necesidad sorteando sanciones.
Venezuela enfrenta una de las cargas de sanciones más pesadas, que también apuntan a terceros; por ejemplo, hasta hace poco las medidas estadounidenses impedían que India comprara su crudo.
Para evitarlos, Caracas creó un sistema de transacciones y comercio opaco para evitar la detección, lo que a su vez permite que florezcan actividades ilícitas gracias a su naturaleza no registrada.
Saab aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía para una recepción de alto perfil: además de su propia familia, abrazó a la Primera Dama Cilia Flores y al peso político y principal negociador Jorge Rodríguez. Lo llevaron directamente al Palacio de Miraflores, donde se reunió con el presidente Maduro.
“Un mensaje clave es del presidente Maduro hacia los suyos”, dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, una firma de encuestas y análisis político en Venezuela.
“Al haber presionado mucho para que se liberara a Saab, ha dejado claro que luchará por sus aliados”.
Esto es crucial a medida que avanzamos hacia las elecciones presidenciales previstas para la segunda mitad de 2024.
Nada es tan simple
El acuerdo no fue un simple intercambio de prisioneros. Por sí solo, Estados Unidos estaría logrando la libertad de múltiples personas, desde “detenidas injustamente” hasta criminales acusados, además de la extradición de un fugitivo, todo a cambio de un solo hombre.
Las implicaciones son mucho más amplias. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han estado en conversaciones durante meses en Doha, Qatar.
En julio, El País filtró que se estaban celebrando al menos desde junio. Hasta ahora, los acuerdos secretos han resultado en la liberación de múltiples prisioneros (dos veces este año) y una forma limitada de alivio de las sanciones.
Lentamente, las dos administraciones están avanzando hacia el restablecimiento de las relaciones.
Esto ha sido criticado por muchos desde diferentes bandos políticos, en Estados Unidos y Venezuela.
Sin embargo, este intercambio de prisioneros, que supera las expectativas, demuestra que existe voluntad de avanzar por parte de los tomadores de decisiones.
El antecedente Trump
Las relaciones se rompieron por completo durante la administración Trump. En ese momento, la Casa Blanca empleó una estrategia llamada “presión máxima” para producir un cambio de régimen en Venezuela.
Implicaba amplias sanciones económicas, aislamiento diplomático, apoyo a la oposición política y otras tácticas. Tras fracasar, la administración Biden ha ido cambiando de rumbo.
La Casa Blanca ahora persigue objetivos distintos a forzar un cambio de régimen, como afirmó en septiembre Juan González, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Un punto urgente es que necesita petróleo venezolano en el mercado global, mientras avanza contra Rusia e Irán y choca por los precios con Arabia Saudita. El crudo Merey del país sudamericano es especialmente codiciado por las refinerías de la Costa del Golfo.
Luego, la administración Biden debe demostrar que está actuando para detener la inmigración ilegal a medida que se acercan las elecciones.
Inicialmente, el éxodo masivo de Venezuela había afectado principalmente a otros países latinoamericanos.
Sin embargo, en los últimos tres años muchos están llegando a Estados Unidos, y esto se ha convertido en un problema importante.
Consideremos el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, que envió inmigrantes venezolanos de su estado a Nueva York para exponer un argumento político. Recién en octubre el gobierno de Estados Unidos reanudó la deportación de venezolanos, como parte de su acuerdo de alivio de sanciones.
Un asunto de geopolítica
Hay otras razones, menos apremiantes pero importantes, por las que la administración Biden tiene que normalizar las relaciones. Con sanciones y aislamiento, Caracas ha sido empujada a manos de rivales estadounidenses.
En una conversación privada, algunos ejecutivos venezolanos señalaron que la mayoría ve a Occidente como sus aliados y socios naturales.
Es común visitar y tener cuentas bancarias en Estados Unidos o España, y tratar con otros países occidentales –incluida Turquía– de una manera que las relaciones con Irán o Rusia no se han solidificado.
Muchas empresas europeas y algunas estadounidenses también esperan regresar a Venezuela, especialmente las grandes empresas de petróleo y gas.
Desde otoño de 2022, hemos visto una intensificación de los acuerdos relacionados con la energía, en su mayoría de empresas que esperan reiniciar sus operaciones, como ChevronCVX +0,2% y Repsol.
Las inhabilitaciones
A última hora del 20 de diciembre, el Tribunal Supremio de Justicia, solicitó a la Contraloría General que justificara la prohibición de ejercer cargos públicos a la candidata opositora María Corina Machado, con un plazo de tres días.
Machado es la principal candidata de la oposición desde que fue elegida en las elecciones primarias de octubre.
Los dos argumentos contradictorios son que, si bien ella podría haber cometido actos ilegales, el proceso para emitir la prohibición no se habría realizado correctamente y, por lo tanto, sería nulo.
La puerta para apelar la prohibición de Machado se abrió en las negociaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores.
Las reuniones secretas dieron como resultado, el 16 de octubre, los Acuerdos de Barbados que fueron firmados por el gobierno y la oposición de Venezuela. Una fuente de la oposición dijo sobre los acuerdos que “antes de ese día, no sabíamos qué íbamos a firmar, porque [Estados Unidos] aún no nos lo había dicho”.
Los Acuerdos de Barbados estipularon que debería haber ciertas garantías para las elecciones presidenciales de 2024.
Por ejemplo, debería haber un mecanismo para que todos los candidatos presidenciales impugnen su prohibición de ocupar cargos públicos.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno siguieron repitiendo—directa e indirectamente—que a Machado no se le permitiría postularse, dado que ella “había violado la ley”. Esas fueron las palabras exactas de Jorge Rodríguez justo cuando firmaba el acuerdo.
Las acusaciones contra Machado son, en primer lugar, que ella había actuado como representante de Panamá ante el parlamento de la OEA, actuando así en nombre de una potencia extranjera.
Luego, también pidió una intervención militar y sanciones contra su país. El caso legal de Machado se basa en que nunca fue notificada adecuadamente de su prohibición y que no es más que una jugada política.
Inicialmente, Machado había declarado que no apelaría su inhabilitación. Sin embargo, como los Acuerdos de Barbados permitían esta opción (el proceso de apelación, no la decisión en sí), la administración Biden probablemente la presionó para que acudiera a la Corte Suprema.
Fue la Embajada de Estados Unidos en Venezuela –ubicada en Colombia– la primera en anunciar que estaba en proceso de impugnar la prohibición de ocupar cargos públicos, señalando la tesis de que Estados Unidos le está dando órdenes a Machado.
“No veo la lógica de que el gobierno levante la prohibición y no tenemos señales suficientes para creer que eso esté por suceder”, argumentó Luis Vicente León, en una entrevista.
“El intercambio de prisioneros se tuvo en cuenta en los Acuerdos de Barbados, al igual que el mecanismo para apelar la prohibición”.
“A lo que no se comprometió es a la descalificación en sí”, afirmó León.
“Quitarlo sería un gran riesgo para Maduro, que no está dispuesto a asumir.
Machado ha prometido encarcelarlo a él y a otros funcionarios del gobierno. Si se levantara la prohibición, eso significaría que el chavismo presenta un candidato más popular, o que el riesgo es igual si se postula o no, y busca otras tácticas para permanecer en el poder”.
Biden gana
En última instancia, la administración Biden puede contar con victorias para su electorado, que es su prioridad a medida que nos acercamos a 2024.
En primer lugar, está trabajando lejos de una estrategia fallida de la era Trump, que empeoró la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.
Puede decir que ha liberado a ciudadanos estadounidenses y a presos políticos venezolanos; y que intenta abordar la inmigración ilegal.
Hay muchos más temas que cubrir durante el próximo año. No conocemos el alcance total de lo acordado en Qatar entre la Casa Blanca y Miraflores.
Tampoco hay respuesta sobre si hay un acuerdo cerrado que se implementará en etapas, si hay una negociación en curso o una combinación de ambos.
