sábado, julio 2, 2022

“NO CUMPLEN CON EL DEBIDO PROCESO: Human Rights Watch pide a Chile poner fin a las deportaciones de venezolanos

De las 250 deportaciones de venezolanos que revisó Human Rights Watch, se encontró con “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a escucharlos y a presentar pruebas”

La organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Chile “poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” que realiza en el marco de una ley de migración.

Asimismo, solicitó asegurar que todas las expulsiones “cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”.

En un documento publicado la noche del miércoles, HRW señala una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados.

Entre ellas, impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias.

Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también “violaciones al debido proceso” antes de que se concrete la expulsión, reseñó la agencia EFE.

“Los tribunales de Chile demostraron que muchos venezolanos que buscan escapar de la devastadora crisis en su país de origen los deportaron sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Lea también: «Salí de Venezuela con una maleta de sueños y regresaré derrotada»: el drama de los deportados de Chile

Vivanco considera “contradictorio” que el gobierno de Sebastián Piñera “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente a 7% de la población-.

A la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

Deportaciones a granel

HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter.

Según el Servicio Jesuita Migrante, para abril había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial» y principalmente venezolanos.

Esta política del gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país.

También la de quienes ingresaron clandestinamente al país y se encuentran en una situación administrativa irregular.

No hay debido proceso

Según la revisión de HRW, en la gran mayoría de los casos “los policías chilenos no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden”.

Con esto menoscaban los derechos consagrados en tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, como “su derecho a escuchar y presentar pruebas para impugnar la expulsión”.

La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”.

Pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación, indicó HRW.

“Las entrevistas realizadas por HRW y las resoluciones dictadas en estos casos demuestran que, en los hechos, el Gobierno chileno privó a los migrantes de la posibilidad de ejercer plenamente los derechos garantizados por el derecho internacional”, señala el informe.

No se revisa caso por caso

La organización explica que las decisiones no hacen referencia a las circunstancias individuales de cada caso, “que no parecen haber sido tomadas en cuenta”.

Si bien se presentaron resoluciones administrativas por cada persona deportada, “el lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico y no se realizó un análisis caso por caso”.

Al analizar las deportaciones en Chile, las agencias de la ONU en el país han destacado en reiteradas oportunidades que todas las personas tienen derecho a que se evalúen sus circunstancias de forma individual.

Esto incluye la necesidad de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad, recordó HRW.

La separación

Las deportaciones sumarias, establece el documento, impiden a gran cantidad de ciudadanos venezolanos probar vínculos familiares en Chile.

Esto considerando que tanto estado civil como parental no se encuentran registrados ante el Estado chileno.

A ello se suma la dificultad de obtener certificados o documentos oficiales tanto en Venezuela como en el extranjero.

Los servicios consulares del país caribeño están “limitados”.

HRW, asegura que abogados de derechos humanos manifiestan que algunas personas que van a expulsar no mencionan sus vínculos familiares.

Esto para evitar que otros integrantes los deporten.

“Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y facilitar su reunificación con sus padres”, enfatizó la ONG.

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