“Niñas y niños fueron las principales víctimas del conflicto armado en Colombia”, así lo reveló el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes
El tribunal de Justicia Especial Paz comenzó a investigar los crímenes atroces cometidos contra niños y niñas durante el conflicto armado colombiano.
Para su indagación es de gran valía un informe entregado este martes por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Informe que retrata cómo entre 1997 y 2000 miles de niños fueron reclutados y “usados” para fines de “guerra”.
A las cifras entregadas por ICBF se adiciona un sub registro estremecedor el cual revela que de los 4.219 casos que investiga la Fiscalía General solamente han sido dictadas 10 condenas.
Se trata de un reclutamiento forzado, violatorio de todos sus derechos como niños y en medio de un conflicto armado y sus actores quienes no respetaron su condición de menores de edad.
El presidente del tribunal de paz, Eduardo Cifuentes, reiteró que la JEP investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
Además recordó que, aunque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, esto no pasó durante el conflicto armado colombiano.
“Niños que se vieron afectados por un conflicto armado que destruyó sus vidas y violó masivamente sus derechos humanos”, dijo el magistrado.
En efecto, al reclutar y utilizar a niños, los actores armados colombianos vulneraron sistemáticamente los derechos humanos, el DIH y el Derecho Penal Internacional.
Masiva violación de derechos
Las niñas y los niños fueron “las principales víctimas del conflicto armado”, al ser incorporados directamente en la confrontación armada, denuncia Cifuentes.
Pero también al ser usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.
Según la JEP se investigan cerca de 8.000 hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Para Cifuentes estos menores fueron víctimas de una masiva violación a sus derechos (libertad, educación, salud, una familia y al libre desarrollo de la personalidad).
En el caso de los niños indígenas, afrodescendientes, negros, Rrom y raizales, no solo fueron vinculados al conflicto armado, también fueron desarraigados de sus comunidades.
El mensaje contundente del presidente de la JEP es que se encontrará y se sancionará a los máximos responsables de estos hechos.
Asimismo se trabajará porque no se repitan y se logre una reparación integral a las víctimas.
La posición gubernamental
Al respecto, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo que todos los expedientes de ese Instituto están a disposición de la JEP.
“Para que logremos alcanzar eso que anhelamos todos los colombianos: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, aseguró la funcionaria
Por su parte, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, confirmó las cifras por género de la barbarie con los niños colombianos.
“Se pudo evidenciar que el 70 por ciento de las víctimas son hombres y el 30% son mujeres. El 11% pertenecía a las poblaciones indígenas”, describió.
Reclutar y utilizar niños, niñas y adolescente en el conflicto “no solo afecta a los individuos, afecta profundamente a las familias de las víctimas”, aseguro la magistrada Lily Rueda.
A la fecha la JEP ha incorporado al expediente 32 informes presentados por organizaciones de víctimas, indígenas y otras corporaciones del Estado colombiano.
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“Desde la Sala de Reconocimiento agradecemos a las instituciones que entregan el informe,(…) por el aporte al avance de la investigación que refleja confianza en la JEP”, agregó Rueda.
Los pronunciamientos se entregaron este martes en el marco de la entrega de un informe elaborado por el ICBF y entregado a la JEP.
El documento fue denominado: ‘Informe Institucional de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito por parte de las Farc-EP’.
