A través de una ley España nacionaliza hasta una segunda descendencia y persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista
El Consulado de España en Caracas informó que aprobó las primeras solicitudes de nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática (LMD) o Ley de Nietos.
La información la suministró a través de su cuenta en Twitter.
El organismo señaló que recibió al menos 100 solicitudes la primera semana de noviembre.
“En el Consulado General de España en Caracas se han firmado esta semana las primeras resoluciones (favorables) en solicitudes de nacionalidad conforme a la Ley 20 /2022 o LMD: tres de Anexo I, seis de Anexo III y 9 anotaciones por Anexo IV”, escribió el consular en su red social.
Es importante recordar que la Ley de Memoria Democrática (LMD) o Ley de Nietos entró en vigor en España el pasado 21 de octubre con el fin de buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, además, de estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983.
Esta norma fue publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España. La misma sustituye a la Ley de Memoria de 2007 (LMH) y que nace bajo los principios de “verdad, justicia y reparación” y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como “evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia“.
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En memoria de víctimas de guerra y la dictadura franquista
“Esta ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia. España atesora una larga tradición liberal y democrática que surge con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. A lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país, en los mismos términos que se estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno. Constituciones como la de 1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad”.
“Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión”.
“Frente a esta experiencia histórica, esta ley tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones”.
“Por otro lado, esta ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”.
