El Estado chileno no apoya la migración venezolana, por el contrario, obstaculiza el establecimiento de este grupo vulnerable, en ese país
En un reciente informe titulado “Nadie quiere vivir en clandestinidad”, Amnistía Internacional identificó una serie de medidas que impiden que las personas de nacionalidad venezolana con necesidad de protección puedan acceder a un estatus migratorio regular en Chile.
Destacan que “el Estado chileno no ha cumplido con su obligación de proteger a quienes han huido de Venezuela para resguardar sus vidas”.
Advierte que, por el contrario, “para aquellas personas con necesidad de protección internacional que logran ingresar a Chile, acceder a la condición de refugiadas o regularizar su situación migratoria es una carrera de obstáculos”.
Este panorama deja sin opciones para regularizar su estatus migratorio. “Las personas venezolanas en Chile están condenadas a una situación de absoluta desprotección” señala AI.
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Mujeres, las más perjudicadas
Señala Amnistía Internacional al Estado chileno incumplir sus obligaciones internacionales y legislación nacional, pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección.
En el trabajo de investigación “Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile, AI que incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, sostiene que “Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes que huyen de Venezuela”.
En tal sentido, citó el organismo, que ya ha “documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país”.
Migración en cifras
De acuerdo a las cifras oficiales que maneja Amnistía Internacional, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas — una cifra conservadora, ya que data de diciembre de 2021.
Situándolo detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 personas venezolanas respectivamente.
Estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos, y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Estas cifras de migración aumentan continuamente, así como los países de destino.
En el caso de Estados Unidos, ahora se sitúa como tercer mayor país receptor global con 545.000 personas venezolanas según cifras oficiales de 2021.
Según las personas venezolanas se ven obligadas a huir a países más lejanos y en situaciones más precarias, como Estados Unidos o México, “Amnistía Internacional ha denunciado que estos Estados incumplen sus obligaciones de garantizar acceso a procesos de solitud de refugio y la no devolución de personas venezolanas a lugares o situaciones de riesgo”, cita el informe.
Rosario de obstáculos
Los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile ilustran las barreras que, se presentan a la hora de conseguir protección internacional o regularizar su situación migratoria.
Estos obstáculos incluyen:
- La imposición de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar
- Rechazos en frontera
- Falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional
- Implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiadas y refugiados deban presentarse ante las autoridades y se “autodenuncien” por entrada irregular en el país.
Se trata de medidas que violan su derecho a solicitar protección internacional.
Las peticiones ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país.
Por si fuera poco, el marco legislativo permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas, en vulneración del debido proceso.
La opción de los pasos fronterizos
Por su parte, Sofía Lanyon, presidenta de Amnistía Internacional Chile “El Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo. Sin opciones para acceder a vías de regularización ni poder ejercer sus derechos, las autoridades condenan a las personas venezolanas a una situación de absoluta desprotección. Las propuestas de reformas al marco normativo de movilidad humana deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas y niños, en lugar de buscar facilitar su expulsión y profundizar la estigmatización hacia ellas”.
