Por mandato de Petro 5 mil reclusas, que son madres cabeza de familia, saldrán cada semana para reencontrarse con sus niños
El Presidente Gustavo Petro sancionó este miércoles en la capital del departamento del Chocó la ley que sustituye, con enfoque de género, las penas de prisión de cerca de cinco mil mujeres condenadas que son cabeza de hogar y están en condición de marginalidad.
“Este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como Presidente de la República firmo para que se convierta en ley”, expresó el Jefe de Estado en el acto de sanción de la norma, celebrado en la sede del Comando de la Policía de Quibdó.
La ley pasó a sanción presidencial en julio de 2021, pero fue objetada. Por lo tanto, pasó a examen de la Corte Constitucional, que se pronunció por medio de la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022, rechazando las objeciones y devolviendo el texto del proyecto de ley a la Cámara de Representantes, que la remitió nuevamente a la Presidencia de la República para la respectiva sanción presidencial.
El Presidente Petro explicó que el objetivo de la ley es el de evitar que “si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”.
En eso, añadió el gobernante, radica la importancia de la norma sancionada, “porque inicia otra manera de hacer las cosas”.
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Reconstrucción del tejido social
En el acto estuvo presente el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien indicó que la norma se aplicará solo a mujeres que tengan condenas inferiores a 8 años. A cambio, deberán prestar servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan a la comunidad y reconstruyan el tejido social que se afectó por la comisión del delito.
El objetivo de la norma, recalcó el funcionario, es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, de las familias vulnerables y pretende propiciar la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en estado de marginalidad. Además, da respuesta al histórico estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.
Las medidas alternativas a la prisión que contempla la ley favorecen la reducción de la reincidencia y evitan el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación.
Fuente: Presidencia de Colombia
