Aunque el gobierno colombiano ha avanzado en el desminado del 80% en el país, todavía hay 138 municipios con pocas condiciones para la descontaminación
Las coordenadas de 84 lugares en los que hay contaminación con minas antipersonales instaladas por las Farc, fueron entregadas por los reincorporados al Gobierno para que se continúe con la desinstalación de estos artefactos explosivos en Colombia.
Este es el primer informe oficial que entregan las exFarc en Colombia, con detalles de minas antipersonales, pero llega cuando se han incrementado las alertas por la siembra de estos artefactos en varios territorios por parte de las disidencias de las Farc y la guerilla del Eln.
Y también cuando el gobierno colombiano ha logrado avanzar en el desminado del 80% del país, según datos del Alto Comisionado para la Paz, con la puesta en marcha de la brigada del Desminado Humanitario, acompañada por la ONU.
Este informe contiene datos sobre 524 artefactos explosivos, 517 de ellos son minas y 7 artefactos de otro tipo, los cuales fueron sembrados en 15 municipios de cuatro departamentos del país en épocas del conflicto armado.
Entre el 2015 y el 2018, los exFarc reportaron la ubicación de 90 minas antipersonal en 18 lugares, por lo que este informe, radicado por Pastor Álape, es el primero que contiene más detalles de las áreas contaminadas con los explosivos improvisados.
Álape, quien fue negociador en La Habana, dijo que trabajaron un año en la construcción del reporte luego de reuniones acompañadas por delegados del Gobierno y de la ONU, el cual contiene datos estadísticos de contaminaciones realizada por el Bloque Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central de la extinta guerrilla.
Pero el reporte de 15 municipios afectados suena insuficiente si se tiene en cuenta que desde el 2016 se han identificado minas antipersonal en 715 municipios del país.
Durante el gobierno de Iván Duque, 184 municipios se han librado de sospecha de minas, mientras que los trabajos de desminado continúan en 123 poblados.
Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la Paz, indicó que el 20% del país todavía sigue afectado por estos artefactos que se usan para impactar contra la Fuerza Pública, y terminan también dejando en jaque a la población civil.
Se estima que todavía hay 138 municipios sin condiciones para las labores de desminado humanitario.
El funcionario destacó el aporte recibido, pero agregó que “siempre vamos a requerir más información sobre la ubicación de las minas”. El documento ahora es verificado por funcionarios del Gobierno para proceder a la descontaminación. Álape dijo que entregarán más ubicaciones en el 2022.
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Amenaza
Aunque se creía que esta nefasta estrategia de guerra usada durante el conflicto iba a cesar con el acuerdo de paz, las autoridades y organizaciones sociales han evidenciado que otros grupos ilegales continúan con la instalación de explosivos artesanales.
Norte de Santander, Cauca, Nariño y Chocó, son los departamentos donde se reportan nuevas minas antipersonal, territorios que también padecen la presencia de las Farc y del Eln.
Son, además, las zonas con más presencia de cultivos de coca: Tibú, en Norte de Santander, es el municipio del país con más tierras usadas para la siembra de hoja de coca con 19.334 hectáreas; Tumaco, en Nariño, tiene 8.832 hectáreas y el enclave de Argelia y El Tambo, Cauca, tiene 8.396 hectáreas.
Así como no han parado la instalación de minas, no dejan de aparecer víctimas por su detonación. Entre el 2020 y septiembre del 2021 se han reportado 233 víctimas militares, 33 de las cuales murieron y 206 resultaron heridas, de acuerdo a los datos de la Corporación Mil Víctimas, organización que alerta de un incremento del uso de explosivos artesanales desde el 2016.
También han identificado que los frentes 3, 18, Carlos Patiño y Oliver Sinisterra de las Farc, están tras la contaminación con estos artefactos que han detonado entre el 2019 y 2020, ocasionando 101 víctimas.
Como ocurrió con los tres soldados que murieron al caer en un terreno minado en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, quienes hacían trabajo comunitario relacionado con desminado humanitario en septiembre de este año; o la muerte de un soldado la semana pasada en zona rural de Puerto Rico, Meta, quien falleció luego de que otro militar pisara uno de esos explosivos oculto en el camino.
La afectación a la población civil también fue documentada por la Conferencia Episcopal Colombiana en el informe sobre las misiones humanitarias, presentado el mes pasado, que reportó la instalación de minas en el sur del Chocó para mantener confinada a la población de El Litoral de San Juan, limitando sus pasos para acceder a cultivos y transporte. En ese departamento, las minas estarían siendo puestas por el ELN.
En Colombia todavía hay 124 municipios afectados por estos explosivos improvisados
