La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, presentó un balance de los 5 años del cierre de la frontera con Colombia
Este 19 de agosto se cumplieron cinco años del cierre de la frontera colombo-venezolana por órdenes de Nicolás Maduro. La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, calificó como “un fracaso” la imposición de zonas militares en los estados fronterizos.
San Miguel compareció ante la subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional. Allí presentó un informe sobre los hitos más relevantes de estos cinco años.
Recordó que 8 militares de alto rango ocuparon cargos en cinco entidades y nunca rindieron cuentas de sus actos.
Dijo que se apoyaron “en la existencia de 45 zonas de seguridad de instalaciones militares y zonas de seguridad fronterizas en Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Estas entidades representan 22,92% del territorio nacional. Dieron una pretendida solución militar a los problemas fronterizos, que a cinco años de aquel cierre, ha demostrado su fracaso”, explicó.
En su intervención, San Miguel recordó el origen del cierre. “El ataque armado del 19 de agosto de 2015, contra cuatro efectivos del ejército venezolano por supuestos “paramilitares” colombianos”. Esto ocurrió en San Antonio del Táchira. Significó la excusa para el cierre de frontera entre el estado Táchira y el Norte de Santander. Además de la declaración inicial de un “estado de excepción”, en seis municipios de la entidad”.
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Desde allí, en Venezuela comenzó “un largo período de estados de excepción, que tuvo como epicentro la frontera con Colombia. Por diferentes motivos, se ha extendido espacial y temporalmente a todo el territorio nacional por cinco años”, remarcó.
Dijo que esas “declaratorias de estados de excepción sucesivas estuvieron acompañadas de la delimitación de ocho zonas militares”. Allí se designó “a seis generales y dos almirantes que dependían directamente del Presidente de la República”.
Ellos debían “establecer un nuevo orden”. Tenían que “fortalecer la capacidad de organización y el liderazgo de las nuevas estructuras para una nueva frontera”, según rezan los decretos de la época.
Militares y atropellos
Sin embargo, la realidad fue otra. San Miguel reseña, como ejemplo, lo que ocurrió en un solo día, tras el decreto de cierre. “El cierre de la frontera en 2015, estuvo acompañado del desalojo de viviendas. También hubo la deportación violenta de más de 1500 ciudadanos colombianos a su país en un solo día”.
“Los días siguientes se llegó a la cifra de más de 22.000 colombianos expulsados. Un hecho sin precedentes en la vulneración de derechos humanos. Se caracterizó, en su proceder, como delito de odio y persecución. Se ejerció generalizada y sistemáticamente por días, contra nacionales colombianos. Cargaron con su familia, sus enseres, camas, sillas, mesas, colchones y sus animales. Cruzaban el río Táchira para llegar a Colombia en las más precarias y humillantes condiciones”.
Ministro que no aparece y ley que no se aplica
San Miguel rememoró que Nicolás Maduro nombró a un ministro de fronteras, cuya gestión se desconoce. Se trata del mayor general Gerardo José Izquierdo Torres. “Tenía el deber de proponer al Consejo de Ministros, políticas públicas relacionadas con la construcción de la nueva frontera como espacio de paz”, dijo.
“Es un ministro que parece haber sido tragado por la frontera, quien además ejerce como presidente de la Comisión Presidencial Negociadora para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con Colombia. Cargos sobre los cuales tampoco ha rendido cuentas al país desde su designación”, aseveró.
Igualmente, indicó que el 30 de diciembre de 2015, seis días antes de instalarse la actual Asamblea Nacional, es dictada una Ley Orgánica de Fronteras. Se hizo entre gallos y media noche. Una Ley próxima a cumplir cinco años, que no se ha cumplido y fue dictada en fraude a la Constitución.
