Detrás de la megabanda que lideraba Carlos Revetter, alias “El Koki”, hay un sinfín de situaciones que poco a poco salen a la luz pública. Esta semana Cecodap y PANA presentaron un informe que detalla cómo son reclutados niños, niñas y adolescentes para “cometer delitos”
Carlos Luis Revette, alias el Koki, que resultó muerto en una operación policial en febrero, no deja de sonar.
Y es que resulta que la megabanda que él lideraba en la Cota 905, era la principal que reclutaba a niños, niñas y adolescente para el crimen organizado.
El dato proviene de una investigación que realizó la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), en conjunto con la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA).
En días pasados, ambas organizaciones presentaron un informe que deja datos muy desalentadores.
«Las principales causas del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la megabanda están relacionadas con la situación de precariedad socioeconómica en que viven», aseguró Cecodap.
En un informe de 160 páginas, Cecodap y PANA advierten que La inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar “son motivaciones recurrentes de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con esta organización delictiva”.
“El reclutamiento de menores de edad es principalmente forzado por las circunstancias y la violación de sus derechos humanos”, destaca.
El anzuelo
Según Cecodap, el principal anzuelo es la oferta de ingresos semanales en dólares, con los que “los niños, niñas y adolescentes podrían cubrir necesidades reales o percibidas”.
Entre ellas, “alimentación, ropa y calzado (como símbolos de estatus social) y protección en una lógica de la ley del más fuerte”.
“En la mayoría de los casos, el reclutamiento está determinado por relaciones de vecindad e incluso familiaridad entre delincuentes reclutadores y niños, niñas y adolescentes reclutados, pues unos y otras forman parte de una misma comunidad”, reza el documento.
Precisan que cuando la megabanda emprendió la conquista de La Vega y engrosar sus filas para combatir a los cuerpos de seguridad del Estado, “el reclutamiento (de menores) se tornó más coercitivo y masivo”.
Colocan como ejemplo, lo que sucedió en La Vega, donde “operaron reclutadores profesionales y mediaron labores de “inteligencia” para afinar la selección de menores de edad con el perfil requerido para involucrarlos en el delito”.
Distintos grados de vinculación
Refieren que la incorporación de niños y adolescentes a la megabanda “tiene distintos grados de vinculación, asociados a cargos y funciones que conforman un verdadero escalafón”.
En primer lugar están los llamados “mandaderos”, quienes se encargan de la provisión de productos básicos, le siguen los “gariteros”, que son centinelas que se apostan en zonas estratégicas de territorios controlados por la banda.
Además están los “traficantes” de drogas, y los “malandros”, a quienes se les entrega un arma de fuego para que hagan cumplir las reglas de la banda y “cometer delitos que sustenten las economías del grupo delictivo”.
Según Cecodap, los principales delitos son la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el robo de vehículos.
Abuso y violencia
Enfatizan que el objetivo del reclutamiento de esta megabanda “es la explotación sobre la base del abuso de poder y la violencia”.
Cecodap aseguró que el Estado “no ha atendido en forma integral y suficiente las causas estructurales del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado”.
“Es impostergable corregir las deficiencias del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes para mitigar los factores de riesgo”.
Consideran que el reclutamiento de menores “implica un mayor rango de actuación para las autoridades judiciales encargadas de calificar jurídicamente los hechos y ejercer el poder punitivo del Estado más eficazmente sobre todas las personas involucradas en el delito, habida cuenta, de las complejidades del crimen organizado, en términos de estructura y funcionamiento”.
Proponen Defensoría del menor
La organización propone en su informe, “fomentar la creación de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes en las comunidades afectadas por la actuación del crimen organizado, a partir del capital social que existe en cada una de ellas”.
“Con la legitimación que confiere la participación ciudadana, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes pueden contribuir a prevenir y erradicar su sometimiento a condiciones de esclavitud moderna”.
