El experto en conflictos armados, Néstor Rosania, considera que el paso que dan adelante los grupos paramilitares y narcotraficantes es vital, pero no suficiente
A través de una carta firmada por antiguos bloques de las autodefensas, pero también por grupos narcotraficantes emergentes, estas organizaciones le ofrecen al entrante gobierno de Gustavo Petro un “cese al fuego contra la institucionalidad” a cambio de una salida negociada en busca de la paz.
De acuerdo con la carta, el cese al fuego comenzaría el 7 de agosto, día en que tomará posesión Gustavo Petro.
Entre los firmantes aparecen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el boque Virgilio Peralta (Caparros), los Rastrojos, los Shottas (Buenaventura), La Inmaculada (Tuluá) y los Mexicanos de Quibdó.
La masiva también está respaldada por una larga lista de diferentes bloques y frentes de las antiguas AUC.
Trascendencia de la carta
Dicha carta es muy importante porque la firman varios pesos pesados del paramilitarismo; empero ahí no están la mayoría de los grupos armados que operan hoy en Colombia.
En opinión del experto en temas de seguridad y narcotráfico, Néstor Rosanía, el tema es más complejo porque en Colombia se descentralizó la violencia y hay muchísimo grupos operando a la vez.
El experto indica que lamentablemente la violencia va a seguir en Colombia, porque los dispuestos a negociar con Petro no son la totalidad de los grupos que operan en el país.
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Pretensiones de los violentos
Entre las condiciones que plantean estos grupos paramilitares y narcotraficantes es que “en lo posible” nadie vaya a la cárcel, porque las consideran como una “universidad del crimen”, que no cumplen con el objetivo de la resocialización.
También consideran que “no se puede seguir cercenando la verdad” con la extradición. Dicen en la carta que únicamente deberían ser extraditadas aquellas personas que le falten a la verdad, al perdón, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
“Extraditar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas”, dice puntualmente en la carta, en la que expresan además que la extradición es un reconocimiento por parte del Estado de que es incapaz de resolver sus propios problemas.
De hecho, lo que proponen estos grupos ilegales es un proceso de paz; que no sería posible porque las negociaciones de paz sólo están contempladas para las guerrillas de las Farc y el ELN.
Sobre esto ahonda el experto Néstor Rosanía. “En Colombia, después del proceso de paz con las FARC y se deja una puerta abierta para un proceso con el ELN, no se le va a dar status político a ningún grupo armado. Quiere decir que con estos grupos no vamos a hablar de procesos de paz. Vamos a hablar de un proceso de sometimiento a la justicia, con unos beneficios jurídicos”.
Esta carta se da a conocer en medio de una ofensiva de estas bandas criminales contra integrantes de la fuerza pública en diferentes zonas del país, especialmente en Antioquia, Córdoba y Bolívar, donde hay de por medio un “plan pistola” en el que al parecer se ofrecen 20 millones de pesos por policía o militar muerto.
Es que la violencia en Colombia se ha intensificado, tornándose en un panorama complejo que acota el analista Rosanía
“La violencia se descentralizó, hay muchos grupos armados y el negocio del narcotráfico hoy sigue vivo, es muy importante la carta, pero seguramente, la violencia en Colombia no va a parar”.
El presidente electo Gustavo Petro ya planteó la posibilidad de proponer un cese bilateral del fuego a los grupos armados ilegales para facilitar un proceso de negociación.
