El gobierno dice que soldados neutralizaron a rebeldes de las FARC en Puerto Leguízamo; grupos de derechos afirman que son 11 civiles muertos
A las 6 de la mañana del 28 de marzo, muchos de los habitantes indígenas de Puerto Leguízamo no habían dormido.
Todavía estaban celebrando, continuando con una estridente fiesta comunitaria que había durado todo el fin de semana.
Otros recién se despertaban, saludaban a los trasnochadores y preparaban un desayuno sencillo.
Un grupo de niños jugaba al fútbol en un claro.
A solo unos cientos de metros, soldados colombianos esperaban, fuertemente armados y escondidos en medio de una espesa vegetación.
Exactamente lo que sucedió a continuación se convertiría en un punto de discordia entre todas las partes involucradas, dejaría 11 muertos y generaría una ola de indignación pública.
Testimonios dolorosos
Según varios sobrevivientes que hablaron con Al Jazeera, las víctimas incluían a Brayan Santiago Pama, de 16 años, y al líder indígena local Pablo Panduro Coquinche.
El mismo día, el presidente Iván Duque anunció un exitoso operativo “en el que miembros de nuestra fuerza pública lograron la neutralización de 11 miembros de un grupo disidente de las FARC y la captura de cuatro delincuentes más en Puerto Leguízamo”.
Pero los testigos dicen que al menos algunos de los asesinados no eran rebeldes en absoluto, sino civiles que el ejército afirmó que eran guerrilleros para encubrir un asesinato en masa.
Las fuerzas sociales se pronuncian
En un comunicado, la Organización de Pueblos Indígenas Colombianos Amazónicos (OPIAC) alegó que el operativo involucró homicidios “ejecutados al estilo de los falsos positivos… contra la población indígena y sus autoridades”.
En Colombia, el término “falsos positivos” evoca dolorosos recuerdos del punto álgido de la guerra civil colombiana de 50 años, en la que más de 6.400 civiles fueron asesinados extrajudicialmente.
Un tribunal especial confirmó el año pasado que los asesinatos, ocurridos entre 2002 y 2008, fueron presentados por los militares como muertes en combate.
Tales revelaciones provocaron indignación nacional.
Pide investigación
Los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo la semana pasada han alimentado la ira pública y han puesto en marcha investigaciones por parte de grupos de derechos humanos y medios locales, que han informado que cuatro de las víctimas eran civiles.
Otras 4 personas que fueron arrestadas durante la operación bajo sospecha de ser disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron liberadas el miércoles por las autoridades colombianas, luego de que los fiscales citaran la falta de pruebas para presentar cargos.
Los investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia han pedido que se investigue la operación militar.
Empero han seguido surgiendo más acusaciones: Gina Vásquez, una líder indígena local que ayudó a la comunidad a investigar lo sucedido, dijo a la prensa colombiana que “Había más de 70 personas presentes en la comunidad cuando comenzó el tiroteo. Había niños presentes; había mujeres indefensas”.
Los residentes de la zona, en la que operan varios grupos armados, no entendieron de inmediato quién los estaba atacando.
Múltiples testigos e investigadores comunitarios describieron haber sido atacados por hombres armados cuyos rostros estaban cubiertos por máscaras negras, y luego por soldados colombianos que dispararon contra los residentes mientras huían.
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Enfurecido y conmocionado
Oscar Daza, coordinador de derechos humanos de la OPIAC, describió la operación como “una masacre ejecutada por militares colombianos”. La comunidad está “enfurecida y conmocionada por esta operación ilegítima e ilegal”, aseguró.
Los eventos en Puerto Leguízamo forman parte de un patrón más amplio en Colombia, donde las fuerzas militares a menudo no logran distinguir entre las poblaciones civiles y los grupos armados locales, agregó Daza.
“Dicen que cualquiera que matan es un terrorista, que todos somos guerrilleros y delincuentes. Declaraciones como estas son extremadamente peligrosas”.
Rodolfo Pama, el padre de la víctima de 16 años, dijo que su pérdida fue indescriptible.
“El gobierno colombiano sabe que hicieron algo malo”, dijo a Al Jazeera. “Mataron a un menor. No puedes imaginar cómo se siente. No lo perdí por un accidente o una enfermedad; Lo perdí en una operación militar de este gobierno”. Se hizo eco de los pedidos de una investigación completa.
Respuesta del gobierno
La oficina de medios del Ministerio de Defensa proporcionó un comunicado de prensa reciente, que defendió la operación como legal y señaló que “las fuerzas públicas cooperarán con todas las investigaciones”.
Esta oficina se negó a dar más detalles sobre las declaraciones anteriores de Molano sobre la operación.
“Es una irresponsabilidad que el ministro de Defensa diga que todos los muertos en esta operación militar eran criminales”, dijo Pappier, al tiempo que advirtió que era demasiado pronto para que su organización afirmara de manera concluyente lo sucedido.
Daza fue menos cauteloso en su condena: “Esto es lo que pasa cuando el gobierno nacional estigmatiza a las comunidades indígenas [en zonas de conflicto]”, dijo. “No pueden simplemente llegar, decir que todos somos criminales y empezar a disparar. Si hacen esto, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los grupos paramilitares?”.
Con informaciones de la agencia Al Jazeera
