Las organizaciones civiles emitieron un comunicado para opinar sobre las declaraciones de Vladimir Padrino López y las irregularidades ocurridas en Apure en medio de los enfrentamientos armados
Unas 75 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos en Venezuela, emitieron un comunicado en el que rechazan las recientes declaraciones del ministro de la defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López.
Padrino López en su pronunciamiento, desacreditó el trabajo de las ONG sobre sus aportes en los enfrentamientos que ocurren en Aoure desde hace tres semanas.
Aseguran que su pronunciamiento, “criminaliza el trabajo serio e independiente de monitoreo, documentación, defensa y promoción de DDHH”.
Principalmente es el trabajo de las organizaciones civiles y defensores ante alarmantes hechos que se desarrollan como los de Apure.
Asimismo recordaron que estos enfrentamientos armados aún no cesan y que mantienen en vilo a toda la población fronteriza.
Por otra parte, señalan que su trabajo y activismo se ampara por reconocimeitno internacional.
Entre ellos el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aseguran que ratifican su trabajo como elemento indispensable para el sostenimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país.
Asimismo, insistieron que las palabras de Padrino son estigmatizantes y ponen en duda la labor de las ONG.
“No sólo van en contra de funciones serias e independientes de las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela, sino que también van en contra de la democracia, el estado de derecho y los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos».
Exigieron a la administración de Maduro:
El cese del uso excesivo de la fuerza y los ataques contra la población civil en las poblaciones de La Victoria, Arenales, El Ripial en Apure, quienes no forman parte del conflicto armado generado en la zona.
Demandan que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes sobre los lamentables hechos allí acontecidos.
Con el fin de determinar los autores o participes de estos actos punibles.
Y sobre las personas privadas de libertad exigen que «sean publicadas sus identidades, se evidencie el estado física.
Se señale si son civiles o militares, y en qué situación se encontraban al momento de detención.
Denuncian que durante estos procedimientos se cometieron algunos excesos, abusos de poder, actos que violentan flagrantemente derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Entendidos estos como derecho a la vida, a la libertad, propiedad privada y a ser protegidos por el Estado a través de los organismos de seguridad ciudadana».
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