Ante una nueva escalada de violencia predominada por las megabandas delincuenciales en Caracas, 166 ONG piden al Estado que cumpla con los tratados internacionales en materia de DD.HH.
En la tarde de este viernes, más de 160 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se pronunciaron en rechazo a los últimos acontecimientos violentos que se desarrollaron en varios sectores al oeste de Caracas.
Mediante un comunicado, exhortaron a las autoridades venezolanas, priorizar la vida de las personas.
Sobre todo para evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia.
“Solicitamos el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población”, dice el texto.
Asimismo, se solidarizaron con las familias que perdieron a sus hijos en esta nueva confrontación armada.
“En particular con las familias de los funcionarios policiales que han perdido su vida en estos operativos”.
En ese sentido, exigieron procesos de acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas.
Las ONG y personalidades pidieron que se investiguen todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.
A continuación de comunicado íntegro:
Con relación a los enfrentamientos ocurridos a partir del día 07.07.21 entre grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales en todas las parroquias del sur-oeste de la ciudad un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos que venimos trabajando sobre la situación de seguridad ciudadana, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la vida y seguridad de sus pobladores e instar a las autoridades a las siguientes medidas de urgencia y políticas de más largo aliento ante estos recientes hechos:
El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana. Las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía.
Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos. Solicitamos la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios para el acompañamiento en el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana y así garantizar la vida y la integridad física de la población. Esta debe ser una estrategia transparente con la presencia de la iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo.
En el corto y mediano plazo se deben diseñar e implementar políticas públicas integrales que desarrollen, simultáneamente, acciones y planes operativos y situacionales de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más largo alcance.
Insistimos que cualquier política de seguridad ciudadana debe ser sustentable, lo que exige la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación. Asimismo, estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político.
Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto significa mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas (fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema penitenciario), así como asignar los recursos materiales suficientes para garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios policiales, que permitan brindar un servicio de calidad a la población.
Urge, asimismo, el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos. Es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.
El fenómeno de la violencia urbana ha ocasionado la aparición del fenómeno de desplazamiento interno, por parte de familias que quieren escapar de los enfrentamientos entre bandas antisociales, entre estas y la policía o los operativos policiales realizados con el uso indiscriminado de la fuerza. En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización.
Finalmente, exigimos que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo.
