Señalaron que las mismas “son propias de regímenes autoritarios” y contribuyen a un “ambiente de persecución”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) afirmó este miércoles que las inhabilitaciones políticas en Venezuela “son propias de regímenes autoritarios” y contribuyen a un “ambiente de persecución” que desalienta el voto.
En un comunicado, este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que levantó temporalmente las inhabilitaciones de varios líderes de la oposición, pero mantuvo la de Henrique Capriles y la de María Corina Machado.
“Estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios”, expresa la misiva.
“Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno”, apunta.
La Cidh señala que una sentencia de inhabilitación para ejercer cargos solo puede ser impuesta judicialmente en un debido proceso. Agrega que impedir la participación política vulnera la igualdad y anula la posibilidad de comicios justos en 2024.
Por eso, exhortó a Venezuela a levantar inhabilitaciones administrativas.
“En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano, en particular, es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público”, aseveró.
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La Comisión instó a adoptar con urgencia medidas tendientes a restablecer la separación de poderes, única forma de reconstruir la democracia y dar certidumbre a la población.
De esta forma, el organismo interamericano cuestionó el desempeño del Poder Judicial venezolano y los últimos acontecimientos electorales.
Recordó que el gobierno venezolano desoye las recomendaciones de la OEA, de la que solicitó formalmente salirse en 2017.
