Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, destacó que la administración de Maduro empeora su trato a hacia los venezolanos, bajo el concepto del “enemigo interno”. Le preocupa que siga la represión y las detenciones arbitrarias, así como las ejecuciones extrajudiciales
La Misión de Determinación de los Hechos sobre de Venezuela de la ONU actualizó este miércoles su informe sobre el país. En una declaración en vivo, Marta Valiñas, presidenta de la misión, alertó que la administración de Nicolás Maduro persiste en la práctica de tratar a los venezolanos como “el enemigo interno”.
“La represión continúa, por tanto, contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno. Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias que investigamos para en el informe de septiembre de 2020”, dijo.
Recordó que, en septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe al Consejo de DD.HH. de la ONU. Detalló casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Además de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género. Todos estos hechos cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014″.
La encargada ratificó las conclusiones. “Algunas de estas violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad”, remarcó.
“Hoy presentamos la información que hemos recopilado desde la publicación de nuestro informe. Subrayamos que se trata de un trabajo en curso”, aclaró Valiñas.
Informó que recientemente “hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo”. La idea es “realizar investigaciones en el terreno”. No obstante, alerta que “hasta la fecha” sigue sin “obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación”.
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Sobre la nueva AN
En este informe, Valiñas destaca que “los partidos alineados con el gobierno obtuvieron más del 90% de los escaños. Todo en el contexto de una elevada abstención electoral y un boicot de los partidos de la oposición”.
Advierte que “con esta concentración de poder, el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar”. El mismo está “marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe”.
Refutó la conformación de la Comisión Especial para Investigar las Acciones de la Directiva de la Asamblea Nacional del 2015. También rechazó la la detención del exparlamentario Gilberto Sojo.
Hizo especial énfasis em la situación del exdiputado Juan Requesens. “Nos preocupa que el juicio del Sr. Requesens se celebre a puerta cerrada. No tiene justificación aparente, lo que va en contra de los principios de transparencia y de un debido proceso”.
Retardo procesal
Destacó que “para los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves. En algunos casos, irreparables”. Recuerda el caso de Salvador Franco, “un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente. Falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud”.
“Seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil”, agrega.
Dice que siguen “investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles”. E incluyen “las nuevas denuncias sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.
Servicios colpsados y protestas
Denuncian que los venezolanos siguen manifestándose contra la situación política, así como contra el colapso de los servicios: También por la crisis del combustible. Además de demandas relacionadas con el trabajo, la salud y la alimentación. Las ONG registraron más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre”.
Desde la publicación del informe de septiembre de 2020, “la Misión ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio”.
Roland Carreño
Informó que la misión investiga “el caso de Roland Carreño, detenido en octubre de 2020. Todavía no hay fecha fijada para su audiencia preliminar. Esto, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido por la ley”.
También señalamos la gravedad de la detención arbitraria del estudiante de medicina colombiano/ecuatoriano, Leonard Hinojosa. Detenido desde octubre de 2020 lleva más de cuatro meses la Dgcim de Boleíta sin conocer los cargos que se le imputan”.
Enemigo interno
Para la misión, lo mas peligroso es que “el concepto estatal de enemigo interno parece ser cada vez más amplio. La Misión está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente. La persecución de personas y ONG dedicadas a labores humanitarias y DD.HH.”.
Dice que Maduro “ha endurecido los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONG. Las autoridades han detenido a sus trabajadores por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada”.
Alerta que “los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONG por la recepción de fondos extranjeros”.
También destacan su “preocupación porque, desde el comienzo de la pandemia, más de 20 personas han sido detenidas por compartir información”.
La masacre de La Vega
Valiñas se refirió a la “masacre de La Vega, como parte del “grave patrón de ejecuciones extrajudiciales” que les preocupa. “Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año. Investigaremos las circunstancias en torno a estos casos”.
“Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha. Ocurrió en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.
Seguirán investigando
La encargada de la misión anunció que como su mandato es por do años, seguirán investigando varios hechos. Entre ellos la determinación de la responsabilidad de los autores de los crímenes. Esto “con miras a combatir la impunidad y asegurar justicia para las víctimas”.
“Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando”, resaltó Valiñas.
“La Misión también examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades. Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y del poder judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el poder judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad”.
La instancia “espera que Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos. Establecer los hechos y reconocer que se han cometido errores es el primer paso crucial”.
Finalmente, criticó la intervención de Maduro en el Consejo de DD.HH. por “tergiversar la gravedad de la situación y negando toda transgresión. Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela. Pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos de los que están en riesgo. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”.
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