A través de un comunicado de la cancillería, la administración de Maduro desconoce no solo el informe de la Misión, sino que la califica como “un mecanismo paralelo” e “injerencista” que pretende desestabilizar a Venezuela
El hecho de que el informe de la Misión de Determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela, haya colocado a Nicolás Maduro a la cabeza de la cadena de mando de los funcionarios de organismos de seguridad del estado como el Sebin y la Dgcim que han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, causó sus efectos.
Es así como este lunes, a través de un comunicado de la cancillería, la administración de Maduro calificó de “falso” y “sin fundamentos”, el mencionado documento, donde no solo presenta con nombre y apellido a los integrantes de la cadena de mando, sino que asegura que el Sebin y la Dgcim funcionan como “una maquinaria” violadora de DD.HH. y comandada desde las más altas esferas del poder.
“Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos de la administración de Nicolás Maduro, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”, señala el escrito de la Misión.
Este informe, presentado la semana pasada por los miembros de la Misión, ha sido entregado oficialmente este lunes, ante el Consejo de DD.HH. de la ONU. Se trata del tercer documento de este tipo, desde la creación de la instancia. Además, entre las recomendaciones destaca que el Consejo autorice la extensión de la permanencia de la misión en Venezuela.
Repudio
Y la respuesta de Maduro no se hizo esperar.
“Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, destaca el comunicado de la cancillería.
Asegura que “este mecanismo, creado en el año 2019 a partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, es muestra patente del doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía”.
Califica el documento como “un nuevo pseudo informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país”, con el que “se pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la estrategia criminal de ‘cambio de régimen’ que se impulsa desde el gobierno de los Estados Unidos de América, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo”.
Asegura que Venezuela “asume la promoción, respeto y protección de los derechos humanos como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de la actuación de sus instituciones, en plena consonancia con sus compromisos internacionales en esta materia”.
Igualmente, desconoce “este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país”.
Tomará medidas
Asimismo, alerta “a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”.
Ratifica que Venezuela “continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, siempre sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo”.
